En el seminario, moderado por el coordinador de ECODIE Marcelo Matus, se reunieron actores de la industria, académicos y representantes de Gobierno para revisar los principales aspectos de la Ley 20.571 (de generación distribuida), así como su puesta en marcha, marco regulatorio, desarrollo, y rentabilidad de FV para el autoconsumo, los ribetes técnicos y económicos de sus instalaciones y los desafíos para el desarrollo de la energía distribuida.
La nueva ley de Net Billing permitirá inyectar los excedentes energéticos de los consumidores que instalen sistemas fotovoltaicos o eólicos a la red eléctrica. En ese marco, se afirmó que la inyección que realicen los usuarios será valorada energéticamente al mismo precio de la compra de energía que, en el caso de empresas y comercio, garantiza un intercambio 1:1 entre lo inyectado y lo consumido.
Para el caso residencial, usando como ejemplo un cliente de Chilectra, esto significa que mientras el precio de compra (el que paga el consumidor) es de $72,3 por KWh, el precio de venta que será reconocido es de $47,8 por KWh. La diferencia de precios incluye otros costos no energéticos, como la infraestructura de distribución, que seguirán a cargo del cliente.
La regulación y alcances de la puesta en marcha de la legislación fueron abordados por Sebastián Arroyo, miembro de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, quien destacó que es un gran paso otorgar a todos los clientes de las empresas distribuidoras el derecho a generar su propia energía eléctrica, autoconsumirla y vender sus excedentes energéticos. En ese contexto, precisó que la energía que los clientes inyecten a la red se pagará al mismo precio que la energía consumida, sin letra chica, en todas las tarifas.
Desde el punto de vista de la autoridad, cuyo objetivo es estimular el mercado de soluciones fotovoltaicas, expuso Marcel Silva, jefe de Proyectos de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía. En dicha instancia, señaló que en marzo próximo comenzaría a concretarse la instalación de sistemas fotovoltaicos estandarizados en tamaño, en el marco del programa Techos Solares Públicos, cuyo objetivo es estimular el mercado de soluciones fotovoltaicas a través de la demanda en estos edificios.
El programa, que contempla US$13 millones en cuatro años, considera como alternativas eficientes para autogeneración de energía algunas zonas del país donde converge una elevada radiación y/o elevados precios de la energía. En esa perspectiva, en una primera etapa se seleccionaron 16 comunas con TIR (Tasa Interna de Retorno) mayor o igual a 0, entre ellas Alto Hospicio, Calama, Copiapó, Vallenar, Vicuña, Ovalle, Illapel, Salamanca, San Felipe, Los Andes, Melipilla, Peñaflor, Santa Cruz, Cauquenes, Parral y San Clemente.
Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., indicó que hay dos puntos relevantes que influirán directamente en el éxito de la aplicación de esta ley. Por una parte se deberán buscar alternativas novedosas de financiamiento porque “un mecanismo inteligente puede hacer toda la diferencia” y, en segundo lugar, añadió que será clave el correcto servicio técnico y de mantenimiento que se ofrezca a los clientes que instalen estos sistemas de generación de energía. Asimismo, resaltó que es muy relevante que se realicen campañas informativas a gestores inmobiliarios.
En tanto, Matias Grandel, asesor de GIZ, analizó el desarrollo y la rentabilidad de FV para el autoconsumo; y Luz Cárdenas, arquitecta y académica del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, se refirió a las visiones prospectivas del Net Billing insertas en las normativas de planificación urbana.
Por último, Eduardo Soto, gerente general de Phineal examinó los aspectos técnicos y económicos de las instalaciones fotovoltaicas y Gabriel Neumeyer, director de la Asociación Chilena de Energía Solar, A.G. Acesol, apuntó los desafíos para el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida al aplicarse la Ley 20.571.