El fortalecimiento del transporte público mayor y la implementación de medidas que apunten a desincentivar el uso del vehículo particular, así como el impulso a cambios a la institucionalidad para crear una autoridad para la gobernanza urbana, son algunos de los siete ejes que contempla el Plan Pro Movilidad Urbana, entregado el 26 de enero a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, por la comisión presidencial encabezada por German Correa.
En la ceremonia participaron el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, el Subsecretario de Transportes, Cristián Bowen, además de los 25 integrantes de la Comisión Pro Movilidad, entre ellos expertos en transporte, urbanistas, académicos, alcaldes, parlamentarios, representantes de organizaciones ciudadanas y dirigentes vecinales, entre otros.
Una de las integrantes de esta Comisión Presidencial es Marcela Munizaga, académica del Departamento de Ingeniería Civil de la FCFM – U. de Chile, quien se mostró muy conforme con el trabajo realizado y señaló que “fue muy interesante participar en esta comisión por la variedad de visiones de los participantes, con lo cual las medidas propuestas abarcan diversos ámbitos, que van desde medidas muy técnicas de desincentivo al uso del automóvil y regulación del uso de suelo, hasta medidas como la educación y formación ciudadana en movilidad sostenible“.
Para la elaboración de las propuestas contenidas en el informe, la Comisión realizó entre septiembre y octubre 22 diálogos en 19 ciudades del país. Estos encuentros tuvieron por objetivo recoger diversas opiniones e iniciativas que, atendiendo las particularidades de cada ciudad, apunten a subsanar y mitigar los crecientes problemas que enfrenta el transporte en las principales urbes del país, especialmente la congestión.
En la oportunidad, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, destacó la labor realizada por esta comisión presidencial, toda vez que “incorporó las ideas no sólo de los especialistas, sino que también recogió sugerencias que emanaron de la propia sociedad civil a través de la web, encuestas y diálogos ciudadanos. A partir de este trabajo estamos proponiendo una institucionalidad, una metodología, una estrategia y un conjunto de medidas destinadas a mitigar los problemas de movilidad en nuestras ciudades y, en particular, la congestión vehicular”.
Por su parte, el Presidente de la Comisión, Germán Correa, explicó que “los ejes propuestos contienen una serie de medidas que apuntan a priorizar modos de transporte inclusivos, más eficientes y sustentables para poner atajo a la congestión que es “la principal enfermedad” de varias ciudades de Chile. Si logramos implementar las medidas sugeridas, la calidad de vida de las personas experimentará una mejoría significativa”.
El Subsecretario de Transportes, Cristián Bowen afirmó que “los Diálogos Ciudadanos que realizamos a lo largo de todo el país participaron usuarios del transporte público, agrupaciones, estudiantes, autoridades, dueñas de casa y el documento que estamos presentando hoy a la Presidenta Bachelet demuestra que la construcción de las políticas públicas comienza en la ciudadanía. Propuestas como mayores facilidades para peatones y ciclistas, es un ejemplo de los énfasis que surgieron de estos diálogos”, recalcó.
El Informe
Las propuestas entregadas se estructuran en siete ejes de acción:
- Planificar el uso de suelo de manera integrada, ordenando el territorio para facilitar la conectividad y disminuir los tiempos y cantidad de viajes diarios;
- Modernizar y mejorar el transporte público mayor, potenciando el uso de buses, trenes, sistemas de metro, tranvías, construcción de vías exclusivas y estaciones de trasbordo para buses;
- Desincentivar y racionalizar el uso del automóvil, ya sea implementando medidas que alienten el uso compartido del auto como la disminución de la capacidad vial en algunas calles;
- Promover modos de transporte no motorizados, como la bicicleta y la caminata;
- Promover una nueva cultura de la movilidad urbana, impulsando la educación vial y las campañas a través de medios de comunicación;
- Establecer una política y una ley marco de movilidad urbana, de tal modo de construir una institucionalidad que reconozca su incidencia en la calidad de vida de las personas; y
- Modificar la institucionalidad para la gobernanza urbana, estableciendo una autoridad única con prerrogativas y recursos necesarios que permitan intervenir y solucionar, de manera coordinada, los problemas que aquejan a la ciudad en su conjunto.
- Además, se incluyen otros dos conjuntos de medidas sobre la oferta y demanda de la movilidad en nuestras ciudades.
Las autoridades explicaron que gran parte de las medidas contenidas en el plan formarán parte de una política nacional pro movilidad, mientras otras tendrán una aplicación eminentemente local, con el objeto de mitigar los problemas particulares de cada una de las ciudades del país.
