Hasta el Palacio Pereira, donde se encuentran las oficinas del Consejo de Monumentos Nacionales, llegó este viernes un grupo de representantes de diversas instituciones y organizaciones para entregar una solicitud de que se declare Sitio de Memoria al Palacio de La Moneda. La carta fue suscrita, entre otras entidades, por la Universidad de Chile, representada a través de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.
La directora del Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Alejandra Araya Espinoza, firmó esta iniciativa encabezada por la concejala de Santiago, Rosario Carvajal, y el sociólogo y escritor, Francisco Marín, junto a representantes de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y de diversas organizaciones sociales de la comuna de Santiago.
Tras la entrega de esta misiva, Alejandra Araya, explicó que “como Universidad, nuestro lema este año, a propósito de los 50 años del golpe de Estado es ‘Educación para la Democracia’ en un sentido muy amplio, de cómo tenemos que construir las democracias y la democracia sin memoria no tiene sentido”.
En esta línea, la también historiadora de la Casa de Bello afirmó que “La Moneda es Monumento Histórico Nacional. Se está pidiendo que sea reconocida como Sitio de Memoria, es decir, que a estos atributos arquitectónicos e históricos de cuando se transforma en Palacio Presidencial, sea reconocido también este otro hito que marca la historia del siglo XX chileno y el siglo XXI, que es el bombardeo a La Moneda y las personas que allí murieron, incluyendo al propio Presidente de la República. Recordemos que ese hito no hay que olvidarlo y que también se puedan mantener ciertos valores asociados a los espacios donde esto ocurrió”.
Araya enfatizó, además, que “esto es demasiado importante para la historia del país y, como se dice en la carta, esto es un ícono para la historia del país. La Moneda es lo que identifica a ese momento aciago en el mundo”.
La concejala de Santiago, Rosario Carvajal, añadió que “en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, nos parece relevante que el primer sitio de memoria, en términos cronológicos, del país y la imagen internacional que se comunicó ese 11 de septiembre, de un hecho tan trágico, no tenga la declaratoria de sitio de memoria, nos parecía insólito”. Por lo mismo, planteó que "es de toda justicia que, en el marco de los 50 años, sea declarado Sitio de Memoria, es un ícono de la historia, de la memoria colectiva. Los sitios de memoria son un acto de reparación en esta justicia que ha sido tan escaza con las violaciones a los derechos humanos”.
Siete nuevos Sitios de Memoria para el país
El pasado 17 de mayo, en el Salón Montt-Varas del Palacio de La Moneda, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) realizó una sesión extraordinaria exclusivamente para analizar las solicitudes de declaratoria de siete Sitios de Memoria presentados por las agrupaciones de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos.
Al final de la exposición de los antecedentes, los siete sitios fueron aceptados de forma unánime por los 19 consejeros que componen por ley el CMN. El académico Felipe Gallardo, que representa en este organismo al Instituto de Historia y Patrimonio (IHP) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, participó en esta sesión, que calificó como “humanamente difícil, conmovedora y devastadora”.
“Desde el retorno a la democracia, hay un reconocimiento por parte del Estado de Chile, a través del Informe Rettig y Valech, de que durante la dictadura hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La reparación simbólica es parte importante del derecho de las víctimas a medidas reparatorias. Asimismo, es importante para toda la comunidad en términos educativos, históricos y de no repetición. En este sentido, la declaratoria de los siete sitios representa un avance en la reparación y justicia para muchas familias”, señaló el profesor Gallardo.
Regimiento N°23 de Copiapó
Dentro de los siete sitios declarados como Monumento Histórico, se encuentra el Regimiento N°23 de Copiapó, que según los informes Rettig y Valech funcionó desde 1973 hasta 1975 como recinto de detención, tortura y ejecución. Este lugar, además, está relacionado con la Caravana de la Muerte. A pesar de ello, la decisión de declarar este recinto militar sitio de memoria generó reparos por parte de la institución uniformada, ya que considera que el lugar está destinado al cumplimiento de sus fines militares y al desarrollo de las funciones propias del Ejército, las cuales se verían intervenidas con esta declaratoria y la unidad quedaría expuesta en términos de seguridad e inteligencia.
Sobre esta molestia, expresada en una misiva del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, a la ministra de Defensa, Maya Fernández, el profesor Felipe Gallardo hace un llamado a un consenso mínimo de convivencia. “El sitio de memoria es una materia que no puede ser controversial. Se debe entender que es una reparación simbólica y no se puede confundir con la gestión del sitio propiamente tal. Las organizaciones tienen diversas expectativas respecto de que los sitios pueden convertirse en una fundación, centro cultural, a veces se busca rendir homenaje en ciertas fechas, por lo que se hace imprescindible abrirse al diálogo, ponerse de acuerdo entre las partes antes de cerrar la puerta a la conversación. No hay que precipitarse, porque no hay a priori una incompatibilidad entre administración del sitio con restricción de seguridad que plantea el Ejército”, sostiene.
Por su parte, la académica del IHP de la U. de Chile, experta en patrimonio y memoria, Pía Montealegre, señaló que si el uso que le da el Ejército al regimiento es definitivamente incompatible con el sitio de memoria, debe primar este último y debe buscarse otras instalaciones para desarrollar las funciones militares. “El Ejército sí está en su deber el hacer ver contradicciones funcionales y el CMN puede definir una forma de establecer ese resguardo que sea compatible con el resto del predio. Por ejemplo, en el caso del Estadio Nacional, se establecieron como Monumento Histórico recintos puntuales: el camarín, la portería norte, la escotilla, el caracol sur”, explica.
El arquitecto experto en espacios públicos y memoria, Daniel Opazo, ahonda en el ejemplo del Estadio Nacional. “Este predio funcionó como centro de detención, tortura y exterminio. Sin embargo, lo que se ha preservado como sitio de memoria es un sector de la galería norte, donde se instaló una intervención de texto y de diseño lumínico que sirve de recordatorio, lo que no ha implicado que el estadio completo y tampoco el coliseo central sean restringidos en su uso cotidiano. En el caso del Regimiento de Copiapó, se podría definir una zona que pueda servir como símbolo de lo que se busca reconocer a través de la declaratoria sin que por eso la actividad militar regular del regimiento se vea obstaculizada. Con una buena voluntad de las partes, en particular del Ejército de Chile, podría buscarse un sector del regimiento que pudiese estar abierto a la ciudadanía como sitio de memoria, porque además el Ejército tiene un mandato doctrinario de buscar la reparación y la no repetición”.
Por su parte, el director del Instituto de Historia y Patrimonio (IHP), Rodrigo Vera, destaca que “la sociedad debe enfrentar con altura de miras los hechos acaecidos hace 50 años, y como sociedad tenemos que tener la madurez para hacer compatible la memoria con las funciones de cualquier institución pública. Tenemos el desafío de hacerlo convivir porque además puede ser una instancia reparadora y puede cerrar heridas que aún están abiertas. Esta convivencia puede aportar a eso”.
"Es muy positivo que espacios que fueron utilizados como centro de detención y tortura sean reconocidos como sitios de memoria y tengan protección por parte del Estado, porque son muestras de un pasado que nos duele a todas y todos y que no podemos olvidar. Lo que debemos garantizar es la no repetición, por lo tanto, el reconocimiento de estos lugares debe ser valorado y el Estado debe hacerse cargo, ya que tiene una deuda histórica y estos gestos permiten avances importantes. En el caso del regimiento, es muy prioritario llegar a acuerdos sobre los usos y cómo este recinto militar se adapta, ya que tiene una historia que no puede ser invisibilizada", comenta el académico y urbanista Rodrigo Caimanque
Finalmente, Felipe Gallardo puntualiza que, si bien es un avance significativo la declaratoria de los siete sitios de memoria y, con ello, además se materializa el compromiso del Plan Nacional de Derechos Humanos, ampliando la representatividad territorial de los sitios de memoria en Chile, sus regiones y provincias, “el Estado de Chile aún tiene un camino por recorrer, porque estas obras de reparación simbólica se han hecho muy a pulso y lideradas por las agrupaciones, por las mismas víctimas. Después de 50 años de los sucesos todavía no cerramos estas heridas porque no se ha entregado una reparación o una solución integral, definitiva, a la altura de los hechos. Ha sido un proceso lento y engorroso, y las víctimas se están muriendo.”
Los siete sitios corresponden a:
- En la provincia de Chiloé: la adición de valores al decreto (modificación de decreto) al actual monumento histórico 1a Comisaría de Ancud
- En la Región de Arica Parinacota: solicitud de declaratoria de Monumento Nacional de la Ex Cárcel de Arica.
- En la Región de Tarapacá, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional del Ex Campo de prisioneros de Pisagua.
- En la Región de Coquimbo, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional de La Fosa del Cementerio de La Serena.
- En la Región del Maule, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional del Ex Recinto de Detención de la CNI/DINA en Talca.
- En la Región del Ñuble, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional de Memorial Puente El Ala.
- En la Región de Copiapó, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional del Regimiento de infantería motorizada Nro. 23
En la mayoría de los casos se trata del primer Sitio de Memoria y Derechos Humanos de cada región.