Querida Comunidad Universitaria,
Hoy, 21 de enero, el Congreso Nacional ha concluido el trámite legislativo del proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público, que incorpora modificaciones legales que restituyen la autonomía universitaria en lo que dice relación con el cuerpo académico y modernizan nuestra gestión. Estas disposiciones fueron impulsadas por nuestra institución junto al Consorcio de Universidades del Estado (CUECH).
Uno de estos cambios se refiere a la modificación de la norma que obligaba el cese de funciones a los 75 años del personal de las universidades estatales, a partir de enero de 2027.
Gracias a un trabajo sostenido con diversos interlocutores, fundado en los principios de la Ley 21.094 de las Universidades del Estado, estas instituciones han recuperado la facultad de determinar, conforme a su propia normativa, la permanencia de los integrantes de su cuerpo académico, aspecto esencial del funcionamiento de las universidades, como lo hicimos ver en distintas instancias.
La norma aprobada faculta a las Universidades del Estado a exceptuar de la aplicación de la causal de cese de funciones por cumplir 75 años a los académicos que reúnan los requisitos determinados en el reglamento que cada universidad dicte para estos efectos, fundado en la trayectoria, excelencia y/o aporte al interés universitario. De la misma forma, exceptúa de la aplicación de la causal de cese a las autoridades unipersonales electas, tales como rectores/as y decanos/as.
Otro importante cambio dice relación con el ámbito de la gestión administrativa, otorgando mayor agilidad para el cumplimiento de nuestra misión.
A este efecto se han ampliado las causales para celebrar tratos directos o licitaciones privadas, permitiendo responder con oportunidad ante necesidades en la docencia de pre y postgrado, así como adquirir bienes y servicios críticos para proyectos de investigación científica, innovación y transferencia tecnológica sin las demoras administrativas que muchas veces ponen en riesgo sus resultados. De igual forma, estas herramientas podrán utilizarse para garantizar la continuidad de servicios esenciales, como alimentación, aseo y seguridad, protegiendo el bienestar de la comunidad estudiantil. Todo esto siempre con el debido resguardo de la probidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones y contratación de servicios.
Finalmente, el nuevo texto legal robustece nuestra capacidad para el desarrollo de la infraestructura y la internacionalización. Por una parte, se crea un régimen especial para contratos de infraestructura de gran envergadura, lo que facilitará la construcción y mantención de obras mediante procesos más eficientes regulados por los ministerios de Obras Públicas, Hacienda y Educación. Por otra, se eliminan barreras para la colaboración global, eximiendo los contratos con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. A esto se suma la extensión del permiso para académicos visitantes, ampliando de treinta a noventa días el plazo para que expertos internacionales realicen actividades en nuestro país bajo un régimen migratorio simplificado.
Estos avances fueron posibles gracias a un trabajo colaborativo fundado en los principios que nos rigen y en el compromiso con una gestión responsable.
Les saluda atentamente,
Prof. Rosa Devés
Rectora
Universidad de Chile