Fue en 2022 cuando se empezó a implementar la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, creando un sistema administrativo de protección que involucra a la familia, a la sociedad en general y al Estado para garantizar su bienestar, educación, salud y protección frente a vulneraciones de sus derechos.
Sus alcances y observaciones marcaron parte de las palabras de los/as panelistas que expusieron en la Jornada de presentación del nuevo Núcleo Interdisciplinario para la Protección Integral de las Infancias y las Adolescencias, realizada este 13 de mayo en el Ágora de la Plataforma Cultural.
La iniciativa fue celebrada y reconocida por todos/as al ser una red de colaboración que, desde la Universidad de Chile, -con la participación de las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho y Medicina- articula a diferentes actores de los servicios públicos, gobiernos locales y la sociedad civil para el intercambio de experiencias, identificación y sistematización de buenas prácticas con relación a la coordinación intersectorial para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En su lanzamiento participaron su directora principal la profesora Cecilia Domínguez, de la Facultad de Derecho, y la directora alterna, doctora Claudia Sagredo, académica de la Facultad de Medicina, así como importantes autoridades en la materia como Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, y Marcelo Sánchez, Subsecretario de la Niñez.
La profesora Cecilia Domínguez se refirió a múltiples avances, pero también desafíos en materias de derechos de la infancia, desde la ratificación por parte del Estado de Chile de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Si bien se destaca la entrada en vigor de la ley 21.430, contexto en el cual surge el núcleo, “es totalmente asistemática. Además, tenemos que hacerla convivir con otros 26 cuerpos normativos”.
Agregó que “no estamos solamente frente a un cambio normativo, sino que estamos con mucho esfuerzo tratando de cambiar el paradigma. La mirada interdisciplinaria tiene que ser una forma de ver el mundo, porque cuando se estudia a un ser humano se le tiene que mirar desde todas las disciplinas y dimensiones”.
La académica de la Facultad de Derecho dijo también: “Buscamos ser una red activa. Empezamos a trabajar en enero en la Región Metropolitana. Queremos sistematizar las buenas prácticas y vamos a generar canales de comunicación constante. Este año vamos a partir con el sector salud y en los siguientes años nos gustaría que se sumen educación” y protección social, entre otros.
Desde la Universidad de Chile, la Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy, dijo que la creación de este núcleo adquiere una relevancia especial en medio del actual contexto. “Como universidad pública, entendemos que este desafío requiere miradas interdisciplinarias y colaborativas. Sabemos que hoy muchas veces el sistema actúa de manera reactiva cuando la vulneración ya se ha cometido”. Al respecto, “esta iniciativa pretende actuar de manera preventiva y es indispensable para construir una mirada y políticas públicas más responsables”.
Voces intersectoriales
Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, también valoró y agradeció la creación del núcleo. Señaló que la UNICEF habla de una policrisis que está dada por los cambios culturales, lo que también está marcado por los contextos digitales.
Sobre la aplicación de la ley 21.430, el desafío más importante dice relación con el conocimiento de la ley. Es importante este punto, porque “aplicar la ley no es una alternativa, sino que es una obligación del Estado”. Otro de los desafíos planteados por el Defensor fue el rol de la sociedad civil, “como actores que están obligados por la ley a desarrollar acciones y estrategias de generación y difusión de conocimiento”.
Por su parte, Marcelo Sánchez, Subsecretario de la Niñez, se refirió a la ley de garantías diciendo que “lo paradójico es que creamos leyes, pero no hacemos el cambio cultural que requieren esas normativas. El foco de este gobierno es el derecho a vivir en familia”. Añadió que pese a haber distintas posiciones políticas, se comparte un diagnóstico, pero faltan aplicar sanciones y mecanismos de exigibilidad. “No podemos trabajar solo desde el Ejecutivo, sino que desde la sociedad civil y desde las universidades como decía Anuar Quesille. Las universidades tienen una responsabilidad que es también ética”, dijo el Subsecretario.
Desde el ámbito de la salud, Pamela Sanhueza, médica asesora del Programa Nacional Adolescentes y Jóvenes de la División de Gestión de la Red Asistencial (DIGERA) del Ministerio de Salud, destacó que “como salud debemos tener la sospecha activa, porque nosotros somos muchas veces la primera unidad que atiende a niños que son vulnerados en sus derechos” y se refirió también al trabajo de los comités de protección en salud.
En tanto, el moderador de este panel, investigador del núcleo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Camilo Morales, comentó: “Uno de los desafíos que tenemos es generar procesos participativos donde los distintos actores del intersector puedan encontrarse, escucharse y reconocer las lógicas de trabajo desde las que cada uno sostiene sus intervenciones. Muchas veces salud, educación, protección social, justicia, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil trabajan sobre los mismos problemas. Sin embargo, lo hacen con lenguajes, tiempos y marcos institucionales distintos. Poner todas esas experiencias en diálogo es un paso necesario para construir respuestas más integrales en la protección de niñas, niños y adolescentes”.
Por eso, la invitación del Núcleo Interdisciplinario para la Protección Integral de las Infancias y las Adolescencias es a contar con una participación amplia y activa, no solo de académicos, sino que de profesionales que trabajan en el sistema de protección de infancia