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El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en conjunto con la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y el Global Campus of Human Rights, llevó a cabo este martes 12 de mayo la séptima sesión del ciclo Jurisprudencia Interamericana al Día. La instancia permitió profundizar en el cumplimiento del fallo "Vega González vs. Chile", hito considerado fundamental para el avance de la justicia en el país.
La jornada se articuló a través de una mesa de diálogo que reunió diversas voces del ámbito jurídico internacional y académico, entre ellos, la magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez, junto a los especialistas Claudio Nash, Nelson Camilo Sánchez y Karinna Fernández.
El encuentro fue inaugurado por el ministro de la Corte Suprema, Leopoldo Llanos, quien en sus palabras de apertura subrayó que el cumplimiento de estas sentencias internacionales es “una garantía de reparación” para las víctimas tras años de litigio, destacando el compromiso del Poder Judicial con los estándares de derechos humanos.
Por su parte, el doctor en derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, contextualizó la relevancia del fallo explicando que el deber de justicia se compone de tres pilares fundamentales: “Investigación seria, sanción proporcional y cumplimiento efectivo. Esa es la tríada que compone la respuesta frente a las violaciones de derechos humanos para evitar situaciones de impunidad”.
Asimismo, el académico advirtió que este estándar de "cumplimiento efectivo" corre riesgos debido a la tramitación de proyectos de ley sobre beneficios carcelarios para condenados por crímenes de lesa humanidad. Según Nash, estas iniciativas entran en contradicción con los límites fijados por la justicia internacional, por lo que valoró la determinación de la Sala Penal en el caso Vega González. “En medio de una oscuridad tremenda en materia de derechos humanos, la Corte Suprema nos muestra un camino; una decisión nacional no puede perpetuar una vulneración de derechos reconocidos en instrumentos internacionales”.
Desde la vereda de los peticionarios, la abogada defensora de derechos humanos, Karinna Fernández, aterrizó el debate a la realidad de las víctimas, señalando que Chile se ha convertido en una excepción destacable por la rapidez en ejecutar estas sentencias. “La rapidez fue absoluta; el lunes siguiente a la resolución, los agentes ya estaban detenidos. En otros países, estos fallos pasan décadas sin cumplirse”, enfatizó Fernández, resaltando que la ejecución inmediata es lo que permite que la justicia sea tangible para los familiares.
En esa misma línea, el director de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y académico de la Universidad de Virginia, Nelson Camilo Sánchez, advirtió que el alcance de este fallo no debe limitarse únicamente a los crímenes cometidos durante la dictadura. Al respecto, Sánchez alertó sobre interpretaciones judiciales que pretenden excluir casos de violencia estatal ocurridos en democracia. “Las graves violaciones a los derechos humanos del presente son tan importantes como las del pasado y les aplica el mismo estándar. El fallo es claro: la media prescripción no puede ser una excusa para la impunidad, sin importar el contexto político en que ocurrieron los hechos”, concluyó.
Finalmente, la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez, resaltó que el derecho internacional siempre debe prevalecer para asegurar que se reparen las injusticias. En ese sentido, Gómez señaló que las reglas antiguas no pueden frenar la justicia actual. “La cosa juzgada no puede operar como un obstáculo para la reparación de violaciones a derechos humanos”, sostuvo.
Con esto, la jueza valoró que la Corte Suprema chilena haya estado dispuesta a cumplir con lo ordenado internacionalmente, asegurando que las víctimas reciban la justicia que esperaron por décadas.
La jornada concluyó destacando que estos espacios de reflexión técnica son fundamentales para la armonización de criterios entre la academia y la judicatura. De esta manera, la Universidad de Chile cumple su rol de potenciar el diálogo y reflexión en torno a los derechos humanos.