Como institución académica experta en el área de la salud pública, en el contexto del debate parlamentario sobre la reforma a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería y, específicamente, en el marco del proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas, nos preocupan profundamente los dichos del Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante la discusión de la iniciativa en la comisión de Gobierno del Senado. Las palabras del Subsecretario apuntan a una modificación que obligaría a organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles a entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones y a la Policía de Investigaciones: “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado deberá entregar información requerida por la autoridad migratoria respecto de extranjeros sometidos a procedimientos de expulsión en trámite” 1.
Esta modificación afecta el derecho de acceso a la salud de las personas migrantes y, en particular, de quienes se encuentran en situación migratoria irregular, en tanto que indirectamente puede afectar a la salud de toda la población nacional.
Tal como lo ha señalado la Ministra de Salud2, estas medidas no pueden vulnerar principios establecidos en la legislación vigente, en particular, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes (Ley 20.584) y la confidencialidad médica establecida en el Código Sanitario. Además, puede contravenir los principios que sostienen la nueva ley de Protección de datos personales (21.719), entre ellos el de confidencialidad (obligación de guardar secreto) y el de finalidad, que señala que no se puede tratar la información con fines distintos a los informados al momento de la recolección.
El requerimiento de información conlleva que, al buscar atención sanitaria, las personas migrantes puedan ser objeto de denuncia o persecución al revelarse información a SERMIG. Esto podría condicionar su acceso a la atención de salud, de modo que, al asistir a un centro de salud, la persona migrante irregular se estaría exponiendo a sanciones migratorias como detenciones y deportaciones. Si bien no se trata de una sanción directa, sí se trata de un efecto disuasivo que aleja a las personas migrantes de acudir a los servicios de salud cuando los necesita. Mismo efecto que tendría la propuesta alternativa señalada por el Presidente José Antonio Kast respecto a "restablecer una presencia policial en cada uno de los servicios de salud para que las personas se vayan identificando antes de entrar"3.
Estas propuestas transgreden la estricta separación que debe existir entre los servicios de salud y las fuerzas de orden (cortafuegos), incluidas las autoridades de control migratorio, de acuerdo al derecho internacional de los Derechos Humanos, ratificado por Chile (1972) en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (GAP 2019-2030). Las modificaciones propuestas a la Ley de Migración constituyen, en ese sentido, un retroceso alarmante en este y otros derechos fundamentales, como la educación.
Desde el punto de vista de salud pública, la identificación y registro de datos relacionados al estatus de ciudadanía y origen de las personas por parte de los sistemas de salud, debe responder exclusivamente a objetivos sanitarios, como por ejemplo, para la adecuación de planes y programas frente a grupos específicos de vulnerabilidad y riesgo. Por lo mismo, esto no debe ocurrir a costa de los derechos humanos ni de la garantía de acceso a la atención de salud de todas las personas que viven en nuestro territorio.
Con estas medidas, no solo se vulnera un derecho y se afecta la salud de las personas migrantes, sino también la salud pública del territorio nacional en su conjunto, con consecuencias sociales, sanitarias y económicas. En materia sanitaria, sus efectos podrían ser extremadamente complejos, en especial en la atención de niños, niñas, adolescentes y mujeres, lo que podría minar los logros sanitarios perinatales, infantiles y del ámbito de las enfermedades infectocontagiosas, que con tanto esfuerzo y décadas de trabajo en salud poblacional se han logrado alcanzar en Chile. Un ejemplo claro de ello es la vacuna contra el sarampión, que requiere un 95% de cobertura poblacional para ser efectiva (producir efecto rebaño); si no se vacunara al 10% de la población migrante que actualmente reside en Chile, sería imposible alcanzar la cobertura necesaria. Tampoco basta con asegurar la atención de urgencia: la atención oportuna, en especial en atención primaria, incide en contener la carga de enfermedades y sus consecuencias en años de vida saludable y calidad de vida. La postergación de la atención de salud pone en riesgo la salud de las personas, impacta el gasto en salud al tener que atender situaciones agudas, graves y de mayor complejidad; además del costo social y económico familiar que envuelve por la imposibilidad de desarrollar actividades laborales remuneradas.
Instamos al Ministerio de Salud y a las actorías que correspondan a que respondan a su rol social y sanitario de proteger el derecho a la salud de todas las personas que habitan en Chile. Hacemos un llamado urgente a las autoridades e instituciones que correspondan a comprometerse con la defensa de los derechos humanos y la salud pública y a pronunciarse en contra de esta modificación.
La salud es un derecho, no un privilegio.
Atentamente,
Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
1 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/05/14/gobierno-propone-que-hospitales-y-colegios-reporten-a-migrantes-irregulares-para-facilitar-expulsiones.shtml
2 https://www.t13.cl/noticia/politica/ministra-chomali-transparenta-preocupacion-por-indicacion-exige-establecimiento-15-5-2026
3 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/tras-desmarque-de-chomali-kast-defendio-idea-de-reportar-migrantes/2026-05-15/172631.html