Cada 22 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socio-Naturales, una fecha que invita a concientizar a la ciudadanía sobre las catástrofes que han impactado al país a lo largo de los años con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y educación cívica frente a las emergencias. En este sentido, la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la U. de Chile quiso destacar la importancia de la formación en gestión y reducción del riesgo de desastres, relevando el rol que cumplen la planificación territorial y el diseño urbano en el desarrollo de comunidades más resilientes frente a fenómenos socio-naturales.
Debido a las diversas características geográficas y territoriales de nuestro país, convivimos constantemente con amenazas como inundaciones, sismos, incendios forestales, inundaciones, olas de calor, erupciones volcánicas y lluvias torrenciales. A pesar de aquello, las consecuencias de estos fenómenos no recaen únicamente de la naturaleza, sino que también dependen distintos factores sociales, económicos y territoriales que pueden incrementar la vulnerabilidad de las comunidades. En este sentido, la educación y el acceso a la información se transforman en piezas fundamentales para anticiparse a los riesgos y generar capacidades de respuesta y recuperación para disminuir eventuales efectos negativos.
La educación en riesgo de desastres socio-naturales nace con el propósito de promover los conocimientos y capacidades que permitan a las personas comprender las eventuales amenazas en sus comunidades y actuar de mejor forma frente a las diversas situaciones de emergencia. Asimismo, este aprendizaje busca fomentar un análisis crítico respecto a las desigualdades territoriales y sociales que hacen que algunos grupos se encuentren expuestos a mayores niveles de exposición y vulnerabilidad.
En este sentido, Yana Contreras, académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y miembro del Comité Académico del Programa de Reducción de Riesgo de Desastres (CITRID) de la U. de Chile, señaló que la enseñanza en esta materia invita a que la ciudadanía se pregunte bajo qué condiciones se habita el territorio. “A través de la educación formal e informal, es posible traer al presente la conciencia sobre las acciones concretas que cada persona puede adoptar para reducir su exposición a amenazas: vivir cerca de un río, en zonas propensas a remoción en masa —caída de rocas, flujos aluvionales—, próximas a vegetación inflamable o en áreas con actividad sísmica o volcánica, implica riesgos específicos que deben ser reconocidos y gestionados. Educar en riesgo no es una responsabilidad exclusiva del Estado: convoca a cada persona a asumir un rol activo junto a las instituciones, tomando decisiones informadas para mitigar impactos antes de que ocurra una tragedia. Educar es anticipar el desastre. Transformar el miedo en preparación y la ignorancia en resiliencia y aprendizaje’”.
En este sentido, la formación en este ámbito permite que los saberes científicos y técnicos trasciendan las aulas de clase y tenga influencia directa en el desarrollo de políticas públicas, en la planificación territorial y en las decisiones a nivel local y nacional. Asimismo, la prevención y preparación ante eventos extremos necesita de un enfoque articulado entre distintos actores y áreas de conocimiento.
Yasna Contreras, quien además es profesora asociada del Magíster en Gestión Territorial el Riesgo de Desastres de la FAU, enfatizó que “la preparación frente a eventos extremos no puede recaer en una sola institución ni limitarse al espacio urbano. Los territorios (ciudades, áreas agrícolas, zonas forestales) deben anticiparse de manera integrada, articulando comunidades, barrios, municipios, gobiernos regionales y el Estado en su conjunto. SENAPRED cumple un rol fundamental, pero no posee todas las competencias ni los recursos para cubrir el ciclo completo del riesgo; la anticipación requiere una arquitectura institucional colaborativa y multiescalar”.
Asimismo, Contreras agregó que es imprescindible que los diversos actores asuman su responsabilidad considerando el impacto que tienen las acciones sobre las comunidades. “Quienes urbanizaron, construyeron viviendas o desarrollaron parcelaciones de agrado en áreas agrícolas inundables, próximas a zonas de erupción volcánica o expuestas a otros peligros, contribuyeron a aumentar la exposición de la población. Su participación activa en la preparación territorial no es opcional: es una obligación ética y, en muchos casos, también legal. Reducir riesgos exige preguntarse qué es lo mínimo indispensable que cada actor (público, privado y comunitario) puede y debe hacer”.
De igual forma, la educación de la ciudadanía en esta materia también puede cumplir un papel fundamental en el desarrollo de comunidades resilientes. Por este motivo, informarse sobre los riesgos del entorno, identificar los protocolos de emergencias y generar redes comunitarias permite actuar de mejor manera ante situaciones críticas.
Es por este motivo, que la educación en gestión del riesgo también permite que las y los ciudadanos puedan percatarse de que los desastres afectan de manera distinta a las personas y sus comunidades. La vulnerabilidad frente a amenazas socio-naturales está condicionada por factores como el nivel educacional, la edad, el género o la condición migratoria. En este sentido, las catástrofes también reflejan las estructuras de exclusión y desigualdades preexistentes.
En esta línea, Contreras señaló que el riesgo de desastres es un fenómeno complejo que ninguna disciplina puede comprender ni abordar de manera aislada. “Un geógrafo/a puede analizar la distribución espacial de las amenazas; un arquitecto/a, la vulnerabilidad del entorno construido; un cientista político puede estudiarlo desde la gobernanza institucional; un médico/a podría analizar los impactos en la salud; un abogado/a analizar los marcos normativos que construyen comunidades resilientes. Cada perspectiva ilumina una dimensión del riesgo que las demás, por sí solas, no alcanzan a ver. La interdisciplina también exige ampliar la mirada territorial. La exposición a riesgos no es patrimonio exclusivo de las ciudades: los espacios rurales, agrícolas y forestales son igualmente vulnerables. Casos como los de Constitución o Santa Olga, en la Región del Maule (afectados por tsunami, incendio y terremoto), evidencian que la interface urbano-rural concentra amenazas múltiples que solo pueden gestionarse desde una perspectiva integrada, colaborativa y, necesariamente, interdisciplinaria”.
En este sentido, en un contexto marcado por el aumento de eventos extremos provocados por el cambio climático y las progresivas desigualdades territoriales, la educación en gestión del riesgo se transforma en una herramienta primordial para desarrollar comunidades más resilientes. La Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile destaca que fortalecer la formación y mirada interdisciplinaria, junto con promover una ciudadanía informada resulta clave para generar territorios con mayores capacidades para enfrentar los desafíos socio-naturales actuales y del futuro.