El pasado 19 de mayo, se realizó la segunda sesión del ciclo de charlas sobre el “Proyecto de ley para la reconstrucción y el desarrollo”, titulada “¿Simplificación regulatoria o desregulación?”, organizada por el Departamento de Derecho Económico, el Centro de Derecho Ambiental y el Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
En ese contexto, la profesora Valentina Durán, ex Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), moderó las exposiciones de los profesores Agustín Barroilhet y Diego Pardow, quienes realizaron un análisis económico del proyecto de ley desde el punto de vista del derecho privado y público, respectivamente.
En su intervención, la profesora Durán subrayó que el proyecto no solo busca incentivar la inversión y el crecimiento económico, sino que también refleja un consenso político respecto de la necesidad de reducir los tiempos y costos asociados a la calificación ambiental de proyectos.
Coincidiendo con el profesor Pardow, la académica destacó la importancia de abrir el debate público en torno a aspectos específicos del proyecto, tales como la protección de ecosistemas y especies, la aplicación del principio de no regresión, la inclusión en rango legal de la rectoría interna del SEA, el rol de la Resolución de Calificación Ambiental, y la propuesta de los compromisos ambientales voluntarios por parte de los sectores que participan de la evaluación ambiental de proyectos. En específico, advirtió, en palabras del ex Ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, que el proyecto no contempla medidas para prevenir o mitigar los efectos de incendios, lo que resulta complejo desde el punto de vista económico y de responsabilidad en el actual contexto de crisis climática.
En este sentido, la profesora Durán recordó que cerca del 95% de los proyectos ingresados al SEIA son aprobados, lo que constituye un activo relevante. Sin embargo, advirtió que algunas de las modificaciones propuestas podrían alterar el equilibrio del sistema y desvirtuar los objetivos perseguidos por la normativa ambiental.
Así, la académica concluyó la sesión con un llamado a revisar la institucionalidad ambiental, para fortalecer el funcionamiento de los tribunales ambientales y perfeccionar tanto el sistema recursivo como el estándar de revisión, destacando que estas materias deben ser abordadas desde una perspectiva integral y multidisciplinaria. Finalmente, agradeció la participación de todos los asistentes, resaltando el valor del diálogo académico en la contribución al debate público para el perfeccionamiento normativo.