Entre el 9 y 15 de julio de 2026, el Centro de Derecho Ambiental, en conjunto con la Escuela de Postgrado, impartió el curso de actualización "Nueva Ley de Áridos: Aspectos Regulatorios y Ambientales", instancia formativa dirigida a profesionales del sector público y privado vinculados a la gestión, fiscalización y desarrollo de proyectos de extracción de áridos en Chile.
La actividad tuvo como objetivo entregar herramientas conceptuales y prácticas para la aplicación de la Ley N° 21.800, publicada el 4 de febrero de 2026, que por primera vez establece un estatuto normativo unificado para la habilitación, trazabilidad, fiscalización y cierre de faenas de extracción de áridos en cauces naturales y sus zonas de regulación anexa.
El curso fue inaugurado por los profesores Abel Piñones Cerda y Jorge Ossandón Rosales, ambos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y especialistas en derecho minero, derecho ambiental y derecho administrativo sancionador, quienes además estuvieron a cargo de su desarrollo.
Durante la inauguración, los profesores destacaron que esta instancia respondía a la necesidad de abordar la regulación fragmentada que existía respecto de la extracción de áridos antes de la dictación de la ley N° 21.800, situación que generaba inseguridad jurídica, informalidad y deterioro ambiental. Este diagnóstico fue corroborado por los participantes, quienes expusieron conflictos derivados de la falta de regulación y coordinación entre los organismos competentes.
A lo largo del curso se analizó en profundidad el contenido de la Ley N° 21.800, revisando el contexto social, económico y normativo que dio origen a esta reforma, sus principales conceptos —como la trazabilidad— y experiencias comparadas a nivel internacional. Asimismo, se estudió el nuevo procedimiento administrativo, que contempla la factibilidad administrativa municipal, la factibilidad y habilitación técnica ante la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), y la autorización municipal final, junto con las garantías y exigencias aplicables a proyectos artesanales y mecanizados.
Las sesiones también abordaron el nuevo régimen sancionatorio, las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas (DGA), los delitos incorporados por la nueva normativa y su relación con el Código de Minería.
Finalmente, se examinó la interacción de la Ley N° 21.800 con la institucionalidad ambiental, incluyendo la jurisprudencia sobre recursos de protección y el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El programa contempló además talleres prácticos basados en estudios de caso y una charla de cierre a cargo del abogado Camilo Manríquez Bocaz.
Cabe destacar que una parte importante de las materias abordadas durante el curso dependerá de las definiciones que establezca el reglamento que deberá dictar el Ministerio de Obras Públicas en febrero de 2027, así como de la ordenanza tipo que deberán adoptar los municipios del país para adecuar su normativa local a los nuevos estándares.
Esta actividad formó parte de la línea de educación continua que el Centro de Derecho Ambiental desarrolla de manera permanente en materias vinculadas a la regulación de los recursos naturales, consolidándose como una instancia de actualización para quienes deberán enfrentar la implementación de un nuevo marco normativo con impactos relevantes para los sectores de la construcción, la minería y la administración pública.
