El Senado Universitario aprobó la Política para la Interacción de la Universidad de Chile y sus integrantes con Instituciones Externas a la Corporación (IniEx), llamada a fortalecer esta dimensión fundamental del quehacer universitario y del compromiso público de la Universidad, mediante un marco institucional que resguarde principios como la probidad, la prevención de conflictos de interés, la transparencia y la autonomía.
Estas relaciones se expresan en ámbitos como proyectos, consultorías, prestación de servicios, investigación, innovación, creación artística, extensión, aporte a políticas públicas y colaboración con otras instituciones, tanto públicas como privadas.
La Política reconoce estas interacciones como una fuente de actualización de saberes y prácticas, y como una forma de responder a las necesidades del entorno. En ese sentido, plantea integrarlas al quehacer de las distintas unidades y funciones universitarias, y considerarlas en los procesos de evaluación académica, perfiles de cargo y certificación de actividades estudiantiles.
La elaboración del documento recoge un trabajo desarrollado por el Senado Universitario desde 2014, que incluyó el análisis de los conflictos de interés asociados a las relaciones Universidad-empresa y la elaboración de propuestas para abordar esta materia. En 2026, la Comisión de Presupuesto y Gestión profundizó esta labor mediante consultas a 24 unidades y una encuesta dirigida al cuerpo académico, cuyos resultados fueron incorporados al diagnóstico que fundamentó la iniciativa.
Diagnóstico institucional
El diagnóstico realizado por la Comisión evidenció que no todas las unidades cuentan con normas o procedimientos propios para gestionar su vinculación con entidades externas, lo que genera diferencias en las formas de abordar estas actividades y dificultades para establecer criterios comunes a nivel institucional.
Entre las principales dificultades reportadas se encuentran la ausencia de procedimientos estandarizados para la gestión, seguimiento y formalización de convenios con entidades externas; obstáculos para participar en procesos de licitación pública, asociados a antecedentes comerciales y tributarios del RUT institucional de la Universidad; y limitaciones presupuestarias para desarrollar y perfeccionar estas actividades.
Asimismo, la Política identifica riesgos asociados a la falta de un marco institucional común, entre ellos el mal uso de recursos institucionales y vulneraciones a los principios de probidad y transparencia. En este contexto, establece resguardos y criterios comunes para orientar estas relaciones y fortalecer su adecuada gobernanza.
Para Gloria Tralma, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario durante el periodo 2022-2026, uno de los principales desafíos será llevar esta Política a los distintos espacios de la Universidad, fortaleciendo su vínculo con facultades, institutos, centros y organismos centrales. “Para que no quede únicamente como una declaración de principios, debe traducirse en procedimientos claros, responsabilidades definidas y mecanismos institucionales que permitan acompañar, registrar, evaluar y hacer seguimiento de las relaciones con entidades externas”, concluyó.
También destacó la importancia de evitar que la aplicación de la Política sea percibida como una nueva exigencia burocrática, y planteó que su implementación requiere capacidades institucionales, información, apoyo técnico y recursos.
“El problema de fondo no es la existencia de relaciones con entidades externas, que son necesarias y forman parte del quehacer universitario, sino que estas se desarrollen bajo condiciones distintas dependiendo de cada unidad. (…) Precisamente por su importancia, requieren un marco institucional que otorgue mayor certeza, transparencia y resguardo, tanto para la Universidad como para quienes participan en ellas”, enfatizó.