El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno y el Centro de Estudios de la Justicia (CEJ) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron los resultados del estudio “Recepción y tratamiento de las necesidades jurídicas por las Corporaciones de Asistencia Judicial en Chile. Aproximaciones para la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas” , durante el seminario “Diálogos por el acceso a la justicia”, realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile.
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El estudio fue ejecutado conjuntamente por el CESC y el CEJ, por encargo de la Subsecretaría de Justicia, entre agosto de 2025 y marzo de 2026. Su desarrollo se enmarcó en la cooperación entre la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con financiamiento del Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México, gestionado por AGCID y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Durante la actividad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó la importancia de avanzar hacia un modelo de atención centrado en las necesidades jurídicas de las personas y sustentado en evidencia. “Los servicios deben diseñarse a partir de las necesidades jurídicas reales de la población; lo que las personas efectivamente viven. Ese es el valor del estudio que hoy día presentamos, pues nos muestra cómo las CAJ están enfrentando este proceso, entregándonos insumos para mejorar el nuevo servicio”, subrayó.

Por su parte, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba, relevó el compromiso de las universidades públicas con la identificación de las barreras que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos y el fortalecimiento de las instituciones.
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En esta línea, el director del CESC, Claudio González, destacó el aporte de la investigación aplicada a las políticas públicas: “Nuestro rol es producir conocimiento y ponerlo a disposición de quienes toman decisiones, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones. Este proyecto refleja la importancia de la academia para abordar desafíos complejos desde una perspectiva aplicada”.
Asimismo, la directora del CEJ, Ema Salinas, destacó las oportunidades de colaboración que abre la investigación y la importancia de continuar fortaleciendo la producción de evidencia desde la universidad.
Principales resultados y desafíos para el acceso a la justicia
Durante la jornada, la coordinadora de Investigación del CESC, María José del Solar, y la investigadora del CEJ, Macarena Pérez, presentaron los principales hallazgos y recomendaciones del estudio, que combinó el análisis de registros administrativos de las cuatro CAJ correspondientes al período 2022-2024, encuestas nacionales de necesidades jurídicas y técnicas cualitativas de investigación con personas usuarias, funcionarios y especialistas.
Entre los resultados se identificaron diferencias en los criterios de atención y derivación, barreras territoriales y dificultades de coordinación institucional, así como limitaciones en los sistemas de información que dificultan el seguimiento de los casos y el análisis integral de las necesidades jurídicas atendidas.

Los registros administrativos también permitieron caracterizar parte de la demanda por atención jurídica. Durante 2024, las mujeres representaron el 62% de las personas ingresadas a las CAJ, mientras que las materias de familia concentraron el 73,5% de los registros, seguidas por las civiles (18,1%) y laborales (5,5%). Estas cifras deben interpretarse considerando las limitaciones detectadas en los sistemas de registro.
A partir de estos antecedentes, la investigación recomienda avanzar hacia criterios comunes de atención y derivación, fortalecer la coordinación institucional y desarrollar sistemas de información interoperables que permitan registrar y analizar también las consultas iniciales, los casos no admitidos y las derivaciones hacia otras instituciones.
Como destacó del Solar, el diagnóstico constituye un primer paso para orientar las decisiones sobre la implementación del nuevo servicio, considerando tanto la experiencia de las personas usuarias como las capacidades y desafíos de las instituciones. En este sentido, relevó la importancia de incorporar las distintas voces involucradas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil.

Diálogo académico sobre la nueva institucionalidad
El diálogo abordó los desafíos de implementar reformas institucionales centradas en las personas, la importancia de fortalecer los mecanismos de resolución colaborativa de conflictos y la necesidad de contar con evidencia e indicadores que permitan evaluar la calidad, oportunidad y pertinencia de las respuestas del sistema de justicia.
