Deudores morosos
Santiago, 1 de Octubre de 2003
Se ha cumplido ayer el plazo para que los deudores morosos de crédito universitario renegociaran su situación con las instituciones respectivas. La lista de aquellos que no lo hicieron contiene un número significativo de personas, las que ahora deberán enfrentar los procedimientos usuales en el caso de compromisos impagos. Aunque es cierto que el Crédito Universitario se otorga bajo condiciones muy subsidiadas en cuanto a recuperación e intereses, ello no constituye razón para no cancelarlo, máxime cuando es el fundamento para poder seguir financiando a nuevos estudiantes. Prima más bien una cultura, arraigada en muchos ejemplos del pasado, consistente en que las deudas con el Estado pueden dejar de pagarse en forma unilateral. Esto no es legítimo, especialmente por el contenido solidario de un Fondo que presenta año a año evidencias sobre su significativo déficit estructural. Por ello, y por la necesidad de proteger el patrimonio fiscal, las universidades deben hacer todos los esfuerzos a su alcance para recuperar los fondos utilizados para volver a emplearlos.
Lo anterior no despeja dos temas fundamentales que están esperando una adecuada política de Estado. Por una parte, se ha presentado evidencia muy convincente respecto de la crisis estructural que vive el financiamiento del Fondo de Crédito Solidario, especialmente por su bajo interés pero, además, por los reducidos topes de pago anual. Asimismo, el gran crecimiento del sistema de educación superior tradicional, abogado por problemas de financiamiento y buscando suplir con aranceles sus escuálidos presupuestos, ha ejercido una presión por crédito que tampoco se ha ordenado por medio de una reingeniería del sistema. Un segundo problema se refiere a la administración del Fondo, que es actualmente encargada en forma individual a cada institución universitaria. Ello desvía a las universidades de su giro principal, que es la educación y formación, e introduce grados crecientes de ineficiencia en el otorgamiento y en el cobro, que sólo podría abordarse por medio de una agencia pública concentrada en este tema. El gobierno haría bien en ordenar estas materias -reingeniería del sistema universitario tradicional y nueva administración del Fondo de Crédito- antes de seguir ampliando los mecanismos de crédito. El próximo año ya se preparan nuevos conflictos estudiantiles, los cuales constituyen nada más que una expresión del insuficiente funcionamiento del sistema en vigencia.