Reforma del Estado

Santiago, 21 de mayo de 2003

Durante muchos años se ha venido posponiendo la instauración de una efectiva reforma del Estado. Acción necesaria, toda vez que la organización y normativas vigente en la administración pública requieren una modernización y la aplicación de una reorganización que en muchos casos no se puede seguir atrasando. Las distorsionadas escalas de remuneraciones y la ausencia de una efectiva carrera funcionaria, han conspirado contra la eficiencia de los servicios y la instauración de debido reconocimiento laboral. Asimismo, la existencia de pensiones míseras, producto de la imposición por sólo parte de las remuneraciones durante una buena cantidad de años, atenta contra las posibilidades reales de un necesario ajuste en la composición del empleo. Reglas administrativas retrasadas y la inexistencia de métodos de selección de personal, junto con las restricciones por todos conocidas para poder compensar adecuadamente a los funcionarios de mayor jerarquía profesional, han evitado el poder progresar hacia el desarrollo de la excelencia funcionaria. Problemas organizativos que deben abordarse constituyen, además, parte del panorama vigente, para eliminar la existencia de muchos problemas que ha derivado, a lo largo del tiempo, incluso en prácticas irregulares. El sector público chileno merece una mejor organización y mejores políticas de desarrollo, para poner a la función pública a la altura de los requerimientos de un país que progresa.

La esencia del servicio público radica en el concepto del bien común. Todos esperamos que el servidor público y la organización del aparato estatal sean efectivos instrumentos a disposición de las necesidades ciudadanas. Los problemas existentes han actuado como una barrera a la obtención de este gran objetivo que marcha en forma indisoluble con los propósitos del desarrollo que busca nuestra sociedad. Por ello, el enfrentar la agenda de modernización del Estado constituye una enorme e ineludible tarea para el Gobierno y el Parlamento, puesto que el país no marchara a ninguna parte en presencia de problemas tan graves como los que afectan la eficiencia y efectividad del servicio público en nuestro país.. Emprender las reformas necesarias, con urgencia y decisión constituye un signo esperanzador para dar debido reconocimiento a la función pública.

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