Financiamiento del Poder Judicial

Santiago, 02 de abril de 2003

En días recientes se informó a la opinión pública que existiría un cierto acuerdo en torno que la prioridad en la agenda modernizadora del Estado habría de referirse al financiamiento de los partidos políticos. Parece difícil que el país entienda esto de modo similar, especialmente en los momentos que se viven y que tanto destacan los medios. Es razonable postular que existe otra prioridad indispensable de carácter estratégico y que se refiere, precisamente, al financiamiento e independencia económica que requiere el Poder Judicial. Existe en Chile un gran contraste entre los medios materiales con que cuenta poder Judicial y los otros dos Poderes del Estado, lo cual lleva a un notable desequilibrio en recursos que parece ser totalmente insostenible en el tiempo. Ello lleva también a un cierto contraste en lo funcional, y permite avizorar fuentes de enormes discrepancias que, en definitiva, aletargan el funcionamiento del Estado en su conjunto. La reforma que se impulsa en el sistema judicial chileno -iniciativa modernizadora de gran importancia- no pueden estar completa si no se ponen en marcha programas que otorguen dignidad económica e independencia en la gestión de los recursos al Poder Judicial. Esto importa a cada uno de los chilenos, puesto que la disponibilidad de mayores recursos para la administración de justicia ha de resultar en un sistema que funcione en forma expedita, y que administre justicia en forma efectiva y eficiente. No hay modernización del Estado posible si no se cuenta con un sistema de justicia efectivo y eficiente, ni ello es posible en condiciones de una escasez de recursos tal que resulta conducente a distorsiones que la sociedad chilena debe enfrentar en su raíz.

Por ello, la elección de prioridades en materia de reformas modernizadoras debe basarse en una discusión nacional profunda y con sentido de país, donde no solo se privilegie el legitimo y necesario esfuerzo por brindar financiamiento adecuado a la actividad política. Hay otros problemas que deben ocuparnos con mayor consternación debido a que su desatención generará efectos perversos, haciendo inviable cualquier modernización del Estado en su conjunto. La mantención de la actual inequidad que vive el Poder Judicial es la fuente de situaciones que no sólo inhibirán la suerte de una agenda modernizadora efectiva, sino también amenazarán el objetivo de lograr el desarrollo que soñamos algún día podrá alcanzar nuestro país.

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