Revisión de Conceptos
Santiago, 19 de marzo de 2003
En nuestra realidad actual todo se observa con sospecha, y con ello se genera un profundo inmovilismo. Parecemos estar viviendo una crisis evidente en lo moral, pero es también una crisis en lo institucional al verificarse que muchas reglas y controles han sido insuficientes o inapropiados, y que nuestro principal retraso como sociedad ha sido la paralización de una reforma integral del Estado. En la actual crisis no hay ganadores ni perdedores: ella ha conducido a una pérdida de nuestra credibilidad como país y de nuestras ansias como sociedad.
Hay reglas que deben modernizarse o repensarse en forma importante para enfrentar una realidad nueva, la cual impulsa distorsiones al contar con un viejo sistema de reglas y normas de supervisión. Las reglas de Estado y su supervigilancia deben sufrir un cambio vital: las nuevas condiciones no van con muchas imposiciones que tenía un sistema de financiamiento distinto, y que hoy debe llevar a cabo tareas muy diversas para cumplir con sus objetivos. No se puede por ejemplo, concebir igual las reglas aplicables a una institución descentralizada con 100% de financiamiento estatal, que aquella otra con sólo un 25% de financiamiento directo por parte del Estado. Esta última no parece responder al concepto tradicional de "lo fiscal". En definitiva, o somos capaces de financiar integralmente a todas las instituciones del Estado para que no tengan la necesidad de generar reglas, las condiciones, para que tenga lugar efectivamente la "competencia" que durante tanto tiempo tantos han estado reseñando como casi el verdadero objetivo de nuestra sociedad. Asimismo, o financiamos integralmente las remuneraciones de los funcionarios públicos de instituciones descentralizadas, o ponemos mejores reglas para dar cuenta del hecho que ellos deben generar parte de las mismas por medio de la consultoría institucional. Y en un ámbito especifico: o el Estado financiera a todos los estudiantes por medio del sistema tributario, o ponemos mejores reglas para que "el derecho a educarse" no sea una simple declaración que nos echamos al bolsillo al momento de considerar el terrible problema financiero de las instituciones educacionales.