De Vuelta al Crédito
06 de Marzo de 2002
El inicio del año académico vuelve a hacer reflexionar sobre lo que significa el costo de la universidad y las necesidades de financiamiento. Hay cerca de 80 mil nuevos estudiantes universitarios, lo cual representa necesidad de financiamiento de unos 180 mil millones de pesos. La cifra del costo total anual (medida por aranceles totales) representa unas cinco o seis veces esta cantidad, o sea algo así como un 1.5% del PIB. El arancel promedio está un poco arriba de dos millones de pesos, es decir casi unos tres mil dólares o algo así como un 60% del ingreso per cápita promedio. Es decir, un costo significativo, que para la familia individual y la sociedad en un conjunto, no es despreciable.
La dimensión social del problema plantea el problema de los recursos de apoyo. Muchos creen que eso es innecesario, y que no debería existir más que un apoyo privado o deuda privada. El sistema de crédito solidario se creó basado en la necesidad de que el Estado brindara un crédito subsidiado para proyectos que son, por su naturaleza, de alto riesgo. Pero eso requería que el Estado calificara cuidadosamente el objeto del crédito y cuidara la recuperación. Ambas cosas han ocurrido sólo de modo muy poco efectivo; y no son cuestiones independientes, ya que si el Estado apoya iniciativas de poca perspectiva ocupacional, es también posible que no pueda recuperar nada de los recursos que se dejan para futuros estudiantes. Este año ingresaron cerca de 22 mil estudiantes de familias pobres a las universidades del Consejo de Rectores; solamente eso representa cerca de $40 mil millones de demanda por crédito, para un Fondo que en total cuenta con $43 mil millones. Es cierto, existen becas y otros fondos que aumentan a unos $60 mil millones, pero la demanda de los nuevos alumnos, más aquellos que ya están en el sistema, y sumados los que no son elegibles directamente porque no son "pobres", hace que la demanda total sea inmanejable con esas cifras.
La cuestión de fondo es revisar el sistema en el conjunto. No se trata de poner más recursos y de ampliar el crédito para seguir satisfaciendo una demanda que no está acotada, y que no lo estará en la medida en que el sistema siga creciendo. No puede tampoco limitarse por la vía de restringir costos y calidad. La revisión que plantea el Gobierno es necesaria, y debe profundizarse por medio de un exigente debate país.