Ordenar el Trabajo Público
21 de Abril de 1999
Hemos insistido en diversas oportunidades respecto del crucial papel que juega la investigación científica y tecnológica (R&D) con relación al destino productivo del país, especialmente n vistas a la sostenibilidad del crecimiento, las nuevas oportunidades de inversión y el desarrollo estable de un comercio internacional ventajoso para Chile. Actualmente, el país invierte alrededor de un tercio (como proporción del PIB) en relación a lo efectuado en esta materia por países recientemente industrializados e industriales, con quienes la economía chilena deberá competir ingentemente en el futuro. Este nivel es escaso, además de no constituir totalmente recursos concursables y con evaluación expost, para así garantizar adecuada asignación de los mismos.
Un reto crucial para el país es incrementar los recursos para R&D y mejorar el sistema asignativo, para así comprometer un mayor envolvimiento del sector privado nacional.
Las señales que emanan de la autoridad en esta materia son preocupantes. En primer lugar, nunca se ha explicitado una política clara en materia de investigación, particularmente en relación a prioridades temáticas. Tampoco se ha definido con claridad una política universitaria, que tienda a establecer las formas que adquiera el financiamiento básico y las normas de evaluación de impacto, necesarias de instaurar en el caso de las universidades más complejas.
Sin embargo, se ha creado un nuevo mecanismo que compromete recursos del Estado pero que representa serios problemas, tales como escasa vinculación con la formación de investigadores jóvenes falta de claridad con respecto a los procesos de postulación y establecimiento de prioridades temáticas, nula participación de las universidades, pese a que de ellas emanará capital humano y físico para la realización de este proyecto. Más serio aún, se crea una nueva autoridad en materia de investigación científica y tecnológica, paralela a la que tradicionalmente residió en el Ministerio de Educación y CONICYT. Nadie puede estar en desacuerdo con mayores recursos para R&D, pero tampoco pueden aprobarse iniciativas que desgasten los esfuerzos presentes.