¿Cómo se Hace Ahora?
27 de Enero de 1999
En días pasados, se decidió, por parte de la Corte, suspender de sus funciones al rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Esta inédita medida se justifica por el hecho de no haber acatado el señor rector la orden de la misma Corte de reincorporar a un funcionario despedido, quien además está acusado de una serie de anormalidades en el ejercicio de una función de confianza. El hecho no pasaría de constituir una curiosidad jurídica si es que no diese origen a dos consideraciones de índole definicional y práctica.
En primer lugar, la pregunta de fondo se refiere a quién administra efectivamente las universidades del Estado. Por una parte, se les dice a éstas que tienen total autonomía, ya que el Estado no se preocupa de financiarlas adecuadamente (en muchos casos percibiendo menos de ingreso fiscal en sus presupuestos que algunas universidades privadas) y que deben generar gran parte de sus recursos utilizando las reglas competitivas del mercado. Pero este objetivo requiere una gestión que permita efectivamente utilizar los recursos en forma libre, ya que se está compitiendo contra quien no tiene ninguna clase de ataduras administrativas, y sólo debe cumplir con la legislación laboral básica. Pero en el caso de las entidades estatales se debe operar con las mismas reglas que aquellas vigentes cuando las universidades recibían la totalidad de sus ingresos por parte del Estado. Es efectivo que esto se tratará de corregir por medio de una nueva ley, que permitiría mayor flexibilidad, pero que traerá como contrapartida una definitiva falta de vinculación del Estado con las universidades que son de su propiedad.
La cuestión de índole práctico responde a la pregunta sobre qué es lo que debe pasar subsecuentemente. Un rector suspendido no puede tomar decisiones. Quienes deben secundarlo son personajes de su exclusiva confianza y no deberían poder asumir el rol de quien se encuentra castigado. Pero, al mismo tiempo, no tomar decisiones durante un mes no acarreará sino mayores problemas a la institución que, como se ha dicho, debe responder por reglas de mercado. ¿Nominará la Corte a un administrador transitorio? ¿Se le pedirá al Gobierno que "auxilie" a la UTEM mientras dure este episodio? O, más simplemente, nos cruzaremos de brazos a esperar que pase el mes preguntándonos reiteradamente ante cada problema, ¿cómo se hace ahora?