Un cambio universitario

Santiago, 11 de Mayo de 2005

Las universidades japonesas están enfrentando una verdadera revolución. Para las universidades complejas del país existe el reto formidable de pasar de una estructura de alto subsidio, a un diseño en que predomina el financiamiento en base a proyectos con las empresas y con el propio gobierno. Esto es indispensable para que la universidad pueda efectivamente vincularse con la realidad productiva y social, y hacer allí el aporte que se espera de ella. Ciertamente, la estructura de subsidio debe mantener la investigación básica y aquella que tiene altas externalidades sociales; no se trata de privatizar a las universidades para que el financiamiento de su investigación sea solo atingente a los problemas puntuales que presenta la industria. Por cierto, el grado de subsidio a los estudiantes también está disminuyendo, porque la creciente cobertura no puede estar a cargo del sistema tributario exclusivamente; sin embargo, se está buscando con cuidado una política que no sea discriminadora contra los más pobres, y no haga perder contenido de movilidad social al desarrollo universitario. En fin, el cambio en Japón sigue a aquél en el resto del mundo en cuanto a que la universidad debe diversificar sus fuentes de financiamiento, aunque las públicas deban continuar ejerciendo un rol preponderante en cuanto a los bienes públicos y las externalidades que producen.

Estos cambios estructurales han implicado una independencia de las universidades públicas al punto que sus profesores han pasado a tener un contrato de tipo privado. Existe una transformación en marcha que puede variar significativamente la esencia del trabajo universitario si la política no dimensiona bien las posibles consecuencias. No existe una reforma en lo académico paralelo a aquél que se observa en la Europa post-Bologna, pero sí un profundo cambio institucional y funcional. Japón puede aprender de la experiencia chilena en que tal transformación se hizo sin consideración del rol de las universidades públicas, ni de sus implicancias en materia de equidad, ni respecto de la calidad académica que debe ser protegida a toda costa en un sistema que se expande.

 

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