Aportes y controles

Santiago, 13 de Julio de 2005

Las universidades del Estado están sujetas a firmes revisiones de procedimientos por parte de la Contraloría General de la República. Ciertamente, la conveniencia de estos controles se asocia a los aportes directos que realiza el Estado a los presupuestos de esas instituciones, los cuales oscilan entre 5% y un 14% de los mismos. Sin embargo, hay instituciones jurídicamente privadas que reciben similares aportes, las cuales no están, por la naturaleza de su institucionalidad, sujetas al mismo tipo de control de ejecución y gestión ex ante que se practica en las universidades estatales. A los mencionados aportes estatales se deben sumar aquellos derivados de la captación de los mejores puntajes (AFI) como asimismo los que provienen de diversos Fondos competitivos del MINEDUC y de CONICYT, y las donaciones derivadas de beneficios tributarios. Todos estos aportes del Estado se dirigen tanto a instituciones estatales como privadas dentro y fuera del Consejo de Rectores, pero no están sujetos a revisiones de la Contraloría. Los controles ex ante han sido criticados por rigidizar la gestión y desfavorecer a la competitividad de las universidades estatales que se impulsa crecientemente por parte de la política pública. Por otra parte, dichos controles son necesarios en el contexto de la apropiada gestión de los recursos públicos, incluyendo los recursos generados por las instituciones universitarias y que constituyen la mayor parte de su presupuesto.

Una reciente iniciativa legal para reducir los controles ex ante sólo a un número acotado de materias ha sido rechazada en instancias legislativas. No se sabe si ello irá acompañado de una decisión Parlamentaria en cuanto a imponer controles legales a todos los recursos del Estado independientemente del ente que los reciba y ejecute, o si bien ello se acompañará por mayores aportes a las universidades estatales para compensarles la mayor rigidez frente a la competencia que existe en la realidad. Los Parlamentarios deben explicitar las razones que subyacen a su decisión, para que las universidades estatales sepan a qué deben atenerse para enfrentar la competencia que se les ha obligado a sostener, en paralelo a repetidas acusaciones de "ineficiencia" de las que muchos políticos les han hecho tradicional objeto.