Propaganda electoral
Santiago, 07 de Septiembre de 2005
La ley establece que la propaganda electoral se realice sólo durante un período muy acotado anterior a las elecciones propiamente dichas. El ciudadano común puede, sin embargo, observar que la ciudad se ha inundado anticipadamente de anuncios electorales. Se han afeado muros y carreteras con total indisimulo, como también instalado letreros y afiches de todo tamaño en plazas y avenidas. Hasta los microbuses detentan carteles con fotos alusivas, mientras que en nuestros hogares recibimos llamadas grabadas que nos convocan en profunda conciencia de apoyar a determinados postulantes. Es la democracia, se dirá, que permite así que nuestros ciudadanos más destacados informen acerca de sus pretensiones al elector común. Nada hay de objetable en este trance, sino fuese por el hecho de que contraviene en forma solapada a la ley. En efecto, ninguno de esos letreros, afiches o llamadas menciona el concepto de "vote por", con lo cual, en el más puro estilo eufemístico chileno, se da por cumplida la formalidad de la ley y la necesidad de información que todo proceso electoral envuelve en un sistema democrático. ¿No sería mejor cambiar la ley para dejar este proceso de debate abierto como efectivamente lo es?. Dado que son los propios políticos quienes legislan y gobiernan, cuesta entender porque no adoptar una simple reforma en esta materia que haría todo más transparente y efectivo.
Pero además, el afeamiento de muros por toda la ciudad se enfrenta a una serie de penas establecidas legalmente. Sabemos que nunca se aplican, y por ello nadie tiene ningún pudor en afectar caminos, carreteras, plazas y propiedad privada, porque la ley "se acata pero no se cumple". Lo que queda pendiente es, sin embargo, cómo responderán los políticos y sus partidos a la nueva ley de gasto electoral, que coloca límites y establece penas para quienes superen esos límites. Queda claro que aquí dominará nuevamente la "enseñanza práctica", ya que lo que se considere o no gasto electoral dependerá de definiciones y aplicaciones que serán finalmente debatibles. Ahora que todo esto se hace con recursos tributarios, sería bueno que los políticos escucharan en forma seria a la ciudadanía, que demanda explicaciones y un mejor hacer en materia regulatoria.