A comienzos de abril, y de forma completamente remota, se presentaron los resultados del Informe «Identificación de reformas legales para alcanzar la meta de carbono neutralidad en Chile al 2050», en un seminario en línea organizado por el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.
El reporte académico, cuya responsable fue la Dra. Pilar Moraga, académica del Centro de Derecho Ambiental e investigadora principal de la línea de gobernanza e interfaz ciencia-política del (CR)2, “propone identificar las reformas legales que deben acompañar la consecución de la neutralidad carbónica al 2050, en conformidad con los compromisos internacionales asumidos por el país, y que no han sido considerados en el actual Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático”.
El compromiso de la Universidad de Chile con las generaciones futuras.
Las palabras de bienvenida del webinar estuvieron a cargo del Decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Dr. Pablo Ruiz-Tagle y del Senador Alfonso de Urresti.
El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto dar la bienvenida y valorar el trabajo general de investigación y de extensión del Centro de Derecho Ambiental, subrayó desde el comienzo de su presentación que tanto nuestra Universidad como nuestra Facultad “tienen un compromiso con todos los temas que inciden en las futuras generaciones”, encomiando el trabajo de colaboración académica interdisciplinaria del estudio, el que calificó como “un insumo a la labor legislativa”. Para el Decano “la sociedad del mañana exige adecuar nuestras normas constitucionales, legales y reglamentarias, de manera que podamos orientar el comportamiento de todos los actores de la sociedad, y detener el aumento de la temperatura en el planeta”.
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, y anterior vicepresidente del Senado, que patrocinó el estudio, recordando la presentación de los resultados preliminares de este informe en enero pasado, destacó la importancia de que la Universidad de Chile lidere este trabajo con todos los actores sociales, empresariales y productivos de nuestro país. De acuerdo con el Senador, es fundamental que “se entienda que este compromiso que asume el Estado, tiene que estar en el horizonte más corto posible” y que el Acuerdo de París, tiene que obligarnos e impactar en nuestra legislación “y en el quehacer, no sólo normativo, sino que también de compromisos que asuma el Estado de Chile, y quienes desarrollan actividades productivas, y quienes tienen responsabilidades políticas, académicas o sociales, dentro de nuestro territorio”. Por último, recalcó que “es tremendamente importante entender que los impactos que va a llevar consigo este informe, en los compromisos que tendrá que adoptar Chile, no sólo se deben traducir en reformas legales, sino que también en el marco de la discusión constitucional (…), donde tendremos que tener una visión y un compromiso en estas materias”.
La metodología del estudio y los resultados encontrados.
La presentación del estudio estuvo a cargo de las profesoras Dra. Pilar Moraga y Dra. Dominique Hervé.
La profesora Moraga recordó que hoy “tenemos un objetivo que parece lejano, pero que es muy pronto, que es el de alcanzar la carbono neutralidad al 2050, para poder realizar el objetivo del Acuerdo de París”. Esta convención internacional tiene como objeto “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales” y, tal como ha reafirmado el «Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC», “tratar de hacer todos los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales”.
En este contexto, la subdirectora del Centro de Derecho Ambiental afirmó que nuestro tránsito a una economía baja en carbono requiere redefinir los actuales marcos legales, ya que el rol del Derecho es fundamental. Actualmente nuestro marco legal “puede constituirse en un límite para el cumplimiento de los objetivos o compromisos internacionales”, ya que en ciertas ocasiones “si no hay voluntad de las partes no podemos avanzar en la implementación de políticas que sean coherentes”.
Sobre la crisis sanitaria actual, enfatizó en que “lo que no debemos olvidar es que cualquiera que sea el escenario futuro –pasada la pandemia–, va a estar marcado por el fenómeno del cambio climático y por los impactos que éste tiene sobre la población”.
Respecto a los resultados, Pilar Moraga destacó la definición de un concepto de mitigación que va mucho más allá de la acción humana, la identificación de cuerpos normativos a reformar, la necesidad de dictar nuevas normativas, el impacto que tendrán en los distintos sectores productivos y la distinta jerarquía normativa de las reformas propuestas, las que se agruparon en determinadas tipologías regulatorias.
La metodología del estudio tuvo tres etapas. La primera fase, de identificación, tuvo por objetivo principal definir cuáles iban a ser los ámbitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se iban a considerar en el estudio, cuáles eran las medidas de mitigación que estaban asociadas a estos ámbitos, y, finalmente, identificar las reformas legales necesarias para la implementación de estas medidas, ya que “cualquier medida debiera ser coherente con el marco legal vigente”. La segunda etapa estuvo enfocada en la validación de los resultados que se obtuvieron de manera preliminar en la primera etapa, y en ella, junto con la participación de expertos, se abrió una consulta al público general para poder complementar la mirada experta. Por último, la tercera etapa estuvo destinada a sistematizar la información en el informe final.
En cuanto a los resultados en materia de los ámbitos de mitigación para alcanzar la carbono neutralidad, la Dra. Pilar Moraga expresó que si bien, en general, el concepto de mitigación está vinculado “a las soluciones basadas en la acción humana (…) acá quisimos ampliarlo a otro tipo de soluciones, como aquellas basadas en la naturaleza, de manera a rescatar cuál es el aporte que realizan los ecosistemas en la captura y secuestro de carbono”. Asimismo, se incorporó el control de emisiones de CO2 a nivel nacional. Sin embargó, como afirmó la profesora “estos ámbitos suponen el desarrollo de uno que es esencial para poder implementar todas las demás medidas, que es la de contar con una gobernanza idónea”. Por lo que respecta a los cuerpos legales que deben ser reformados o a las distintas normas que se deben dictar, el informe identifica propuestas de reformas a nivel constitucional, legislativo y administrativo.
Consultada por la relación de las reformas propuestas y el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, la profesora comentó que “quizás una de las grandes conclusiones es que, si bien se valora, y creemos que la Ley Marco de Cambio Climático tiene un rol que jugar en esto, no es suficiente, y está todo el marco legal involucrado en este camino hacia la carbono naturalidad, inclusive las normas constitucionales, por ende, el desafío es grande”. Sobre el marco temporal en que estas reformas se pueden llevar a cabo, concluyó que, así como se ha agudizado la actividad legislativa frente a la situación de emergencia actual, y si bien aún no lo vemos con la misma sensibilidad “no hay que dejar esto en segundo plano, el cambio climático también es una emergencia”.
Las tipologías regulatorias y las áreas de debate.
Continuando con la exposición de los resultados, la profesora de la UDP, y coinvestigadora del estudio, Dra. Dominique Hervé, inició su presentación refiriéndose a las distintas tipologías regulatorias, las que fueron agrupadas en instrumentos normativos (32%), económicos (19%), de planificación (23%), de información (16%), de cooperación (1%) y de fiscalización y sanción (9%).
Dentro de los resultados, comentó que se distinguieron áreas de debate entre expertos y entre expertos y el público. A este respecto “hubo bastante consenso sobre que eran necesarias ciertas medidas para lograr los objetivos de la carbono neutralidad”, sin embargo, se identificaron áreas de debate, “más que en la medida, en cómo lograr esa medida, en cuál sería la reforma legal necesaria o la medida específica para lograr el objetivo”. Algunas áreas de debate coincidentes en ambos grupos giraron en torno al objetivo de fijar un límite nacional de emisiones de CO2 y/u otros contaminantes de vida corta, el aumento en la participación de energías renovables no convencionales y la regulación de centrales de generación eléctrica a carbón.
Los comentarios del informe.
Los invitados a comentar el estudio fueron el Dr. Marcelo Mena Carrasco (Ex Ministro del Medio Ambiente y Director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Sara Larraín Ruiz-Tagle (Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable) y José Tomás Morel (Director de Estudios del Consejo Minero), quienes se refirieron respectivamente a “fijar una meta de CO2 y contaminantes de vida corta a nivel nacional, a través de la declaración de una zona saturada”, la “regulación de las Centrales Eléctricas a Carbón a través de la dictación de una Ley de Descarbonización” y el “ aumentar las energías renovables en la matriz energética nacional”.
Equipo académico interdisciplinario.
El estudio fue coordinado por la profesoras Pilar Moraga, (UCH) junto a las profesoras Dominique Hervé (UDP) y Verónica Delgado (UdeC), todas afiliadas a la línea de Gobernanza del (CR)2, en tanto que el equipo de metodología lo integraron Guadalupe Jiménez (asistente de investigación del CDA y del (CR)2), Bárbara Morales (encargada del área de diálogo e interdisciplina del (CR)2) y María Ignacia Silva (asistente de investigación del (CR)2).
En el estudio, además, colaboraron en calidad de expertas y expertos, destacadas personalidades del mundo ambiental como Valentina Durán (Directora del Centro de Derecho Ambiental), Ximena Insunza (Subdirectora de Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora del CDA), Ezio Costa (investigador del RegCom), Patricio Leyton (profesor del Departamento de Derecho Económico), Diego Pardow (Director del RegCom), Gabriela Burdiles, Winston Alburquenque, Jorge Canals, Alejandra Donoso, Jorge Femenías, Paloma Infante, Rocío Parra, Alejandra Precht y Paulina Riquelme. Asimismo, contó con la ayuda de Miembros del Comité Científico de la COP25, coordinado por Maisa Rojas.