Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y amenazas hidrometeorológicas son algunos de los eventos socio-naturales a los que se ve enfrentado Chile debido a su configuración territorial. Bajo este escenario y de cara a un nuevo proceso constitucional, el Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile (CITRID), con el apoyo de la Unidad de Redes Transdisciplinarias (Redes Td) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), realizó el cabildo abierto “Constitución y desastres socio-naturales: hacia una mirada participativa y sustentable” este martes 10 de noviembre.
Durante el encuentro virtual se discutieron los principales problemas y desafíos que enfrenta Chile en un contexto de transformaciones sociales y medioambientales aceleradas. Además, los asistentes plantearon interrogantes sobre los conceptos y valores necesarios para elaborar una nueva carta magna, destacando la forma en que éstos debiesen ser generados, aplicados y regulados.
De acuerdo con la OCDE, Chile fue la nación con mayores costos asociados en atender emergencias de desastres entre 1980 y 2011, significando un costo correspondiente al 1,2% del Producto Interno Bruto anual en promedio. A su vez, el país ha contado con más de 30 desastres de gran magnitud durante la última década, dejando más de cuatro millones de damnificados y alrededor de 800 víctimas fatales.
Según el director de CITRID, Ricardo Herrera, “este tema resulta sumamente importante, pues a nivel nacional existe una notable deficiencia en la materia, siendo olvidada en la actual normativa mediante especificaciones acordes. En este sentido, nos pareció importante generar espacios de diálogo internos y externos a la universidad, en donde se puedan generar enriquecedores debates con la sociedad civil”, destacó.
En la misma línea, la coordinadora de la Unidad de Redes Td de la VID, Jaqueline Meriño, comentó que “el actual proceso constituyente abre oportunidades para estos espacios de conversación, no solo considerando a la Constitución como un marco regulatorio, sino que también como una forma de pensar y estar insertos en la política pública. Esperamos que los espacios de la voluntad y el conocimiento académico de CITRID, en conjunto a las experiencias de las distintas personas que hoy asisten al evento, nos permitan la generación de insumos que alimenten la discusión desde una mirada transdisciplinar”.
La realidad y proyección de la política pública nacional
Desde el 2005, Chile ha prestado un especial interés por abordar el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana y monitoreo en cuanto a la reducción de los factores subyacentes del riesgo y la preparación ante desastres, adscribiéndose en el Marco de Acción Hyogo (MAH). Sin embargo, pese a que a nivel nacional exista una Política en Gestión del Riesgo de Desastres que se rige mediante un cuerpo normativo aplicado y fiscalizado por las distintas instituciones del Estado, las Naciones Unidas han indicado que el país no cuenta con una institucionalidad apropiada, ni regulaciones específicas que apoyen dicho funcionamiento.
El miembro de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Rodrigo Barrientos, indicó que “la actual Constitución plantea dos conceptos importantes que deberían ser considerados como base en la materia. Estos son seguridad nacional y la protección a la población. Si bien los términos pueden ser un poco amplios, es necesario profundizar en ellos mediante su incorporación en la ley. Sin embargo, la realidad nos dice que existen proyectos que llevan más de 10 años en el congreso y aún no tienen respuestas”.
Asimismo, la jefa de la Unidad Jurídica de la ONEMI, Francisca Riveros, señaló que “en la actualidad, como país, no hemos sido capaces de extraer la información y divulgarla de manera adecuada para que se encuentre disponible a la sociedad. Para mejorar esto necesitamos una coordinación potente entre los diversos organismos que trabajan la temática, pues permitirá comprender, prevenir ante cualquier evento y asegurar que la ciudadanía pueda acceder el a la información”.
Por su parte, la ingeniera en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, e integrante del Colectivo Viento Sur, Andrea Betancourt, se refirió a los aspectos que debiera incorporar la nueva Constitución. “El ordenamiento territorial y el hacer las ciudades más seguras son conceptos básicos que deben ser incorporados y trabajados en el marco legal. Sabemos que es complicado prevenir hechos producidos por la naturaleza, pero existen medidas que nos pueden ayudar a minimizar dichos efectos como la educación cívica”, señaló.
En la actividad también se plantearon temas relacionados con la necesidad de proteger el bien común; la transformación y flexibilidad ante las normativas; la incorporación de los pueblos originarios y los territorios en el debate; la educación; el derecho a la información; el rol del Estado como garante y protector de la vida; y la seguridad integral de la ciudadanía.