El 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, y bajo el mando del dictador Rafael Trujillo, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal (hermanas) fueron asesinadas por su activismo político y lucha contra el régimen. Este hecho dio origen a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha definida en 1981 en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde se realizó el primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, que convocó a miles de mujeres.
Años más tarde, la Organización de Naciones Unidas (ONU), por resolución oficial aprobada en su Asamblea, institucionalizó esta fecha, extendiendo el llamado a todos los países asociados a conmemorar este hito que simboliza la lucha contra la violencia hacia la mujer. Desde entonces, cada 25 de noviembre, mujeres de todo el mundo se manifiestan en puntos estratégicos de sus comunidades para exigir el fin de la violencia contra las mujeres en todos los espacios y estructuras.
El escenario legislativo en torno a la violencia de género en Chile
Una de las demandas históricas levantadas por el movimiento feminista en el mundo ha sido la exigencia de regulación legislativa en torno a esta materia. De acuerdo a la directora ejecutiva de Abofem, Danitza Pérez, Chile registra importantes avances. Entre ellos, figura la ampliación de la tipificación del femicidio, con la denominada “Ley Gabriela”; el acoso en distintos espacios (laboral, callejero y educativos); la ley de violencia intrafamiliar, que desde el año 2021 incorporó la violencia económica; y el registro de deudores, que acaba de comenzar a regir.
La abogada y también integrante del Consejo Directivo de la Cátedra Amanda Labarca, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, destaca también la reciente tramitación de la Ley Antonia y el proyecto de ley para evitar que personas menores de edad (mayoritariamente niñas) puedan contraer matrimonio.
Consultada por posibles futuros proyectos de ley y la distribución de fuerzas políticas en el Congreso, la experta en derechos humanos recalca que es importante avanzar en propuestas legislativas que apunten no solo al aumento de las penas, sino al tratamiento integral de la violencia, y en particular su prevención. “En ese sentido, el actual proyecto de ley de derecho a una vida libre de violencia, que crearía una ley marco en esta materia por primera vez en nuestro país, es fundamental que avance. El gobierno le ha dado urgencia y podría concitar los acuerdos para convertirse en ley si existe voluntad para continuar su tramitación”, explica.
Danitza Pérez agrega que en el proyecto de derecho a una vida libre de violencia el gobierno incorporó indicaciones, dentro de las cuales se reconoce la existencia de la violencia vicaria y se crea un sistema integrado de datos. “Esto sería un tremendo avance y el Ejecutivo ha mostrado que dentro de sus prioridades está que este proyecto se convierta en ley, por lo que esperamos que efectivamente se logre, pues se trata de un tema urgente donde el actual abordaje no está dando abasto”, destacó.
Finalmente, indica que, si bien el escenario no es el más optimista, hoy el llamado es a aunar fuerzas entre sociedad civil, academia e institucionalidad de manera urgente y necesaria. “Tenemos la posibilidad de avanzar en bloque hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, para lo cual es imperativo abordar el problema de la violencia de género como una cuestión multifactorial, que implica una serie de estrategias coordinadas en distintos ámbitos de la vida, como son la educación, la justicia y la distribución del poder. Combatir la violencia supone que todos y todas asumamos esta bandera de lucha como una cuestión personal”.
Luchando por la eliminación de la violencia contra la mujer
Para la coordinadora académica de la Cátedra Amanda Labarca, Roxana Pey, este 25 de noviembre se recibe con grandes avances legislativos, discursivos, culturales, políticos, “pero -al mismo tiempo- con fuerzas reaccionarias, muy activas, que vuelven a salir con voces que denostan a las mujeres, a las minorías o disidencias sexuales. Por otro lado, nos encontramos con casos de violencia, puntuales, concretos, femicidios, agresiones, que reflejan esas posturas políticas, que son muy peligrosas. Entonces, nuestro deber como comunidad educativa, como Universidad, cada una y cada uno de nosotros, es más como actores y que tenemos la obligación de conmemorar, de educar, de insistir, pero también de estar alerta durante todo el año”.
Otra voz protagonista en esta lucha, es la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, instancia que también integra la Cátedra Amanda Labarca y que, durante todo el año, ejerce activismo feminista, visibilizando y denunciando la violencia machista. Al respecto, la feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Isadora Castillo, señala que esta fecha invita a cuestionar esta violencia que se presenta en distintos espacios, “ya sea en nuestros lugares de trabajo, en nuestros establecimientos educacionales, en nuestra propia casa, con nuestras familias, también en el Estado, en nuestros espacios de ocio, con nuestras amistades, en fin, en cada espacio que habitamos”.
En ese sentido, sostiene que este hito es un acto de visibilización y politización de la violencia contra mujeres, “en el que nos manifestamos para establecer que esta violencia es un continuo que vivimos a lo largo de todas nuestras vidas, en los distintos ámbitos que transitamos, que se expresa de diversas maneras y que tiene un carácter estructural, es decir, no son hechos aislados que nos pasan, que le pasa a algunas, que se viven en solitario, que son cosas extrañas, sino que más bien es una cuestión que todas las mujeres estamos viviendo permanentemente en nuestro cotidiano”.
Tal como indica Isadora Castillo, durante los últimos años, las manifestaciones feministas han tenido cabida en distintos espacios de la sociedad. Uno de ellos, y en donde se originaron las denuncias institucionales en esta materia, ha sido el estamento estudiantil. Las coordinadoras, vocerías y secretarías de género han jugado un rol preponderante al ser la voz oficial de las denunciantes. En ese sentido, la Sesegen de la Facultad de Derecho ha sido una voz activa en cuanto a orientar y crear iniciativas de visibilización de la violencia machista.
Una de sus integrantes, Constanza Ahumada, considera fundamental problematizar, reflexionar y movilizarse “dentro nuestras comunidades y espacios de desenvolvimiento”. A esto, la estudiante de Derecho agrega que es prioritario cumplir un rol activo “en el avance e impulso de la agenda programática del gobierno actual, y así combatir desde nuestra vereda la violencia patriarcal y de género que ha calado tan profundo en nuestra estructura política, social y cultural”.
En esa línea, la directora de Extensión de la Universidad de Chile y psicóloga especialista en materia de violencia de género, Svenska Arensburg, destaca que es necesario seguir luchando para avanzar en visibilizar la necesidad de transformar las condiciones que producen esa violencia. “Transformar las condiciones institucionales de cada uno de los espacios, desde el Estado, la familia, el matrimonio, la universidad, la escuela, que reproducen esas condiciones que hacen posible la violencia, interrogar la masculinidad hegemónica, transformar las maneras de vincularnos en términos de relaciones de género, apuntar a pensar y a problematizar”.
Finalmente, la académica recalca que para este 25 de noviembre lo primero es conmemorar, pero también “hacer un llamado a seguir trabajando para que en conjunto, como sociedad, nos acerque para una convivencia común entre hombres, entre mujeres, entre distintas expresiones de género, entre distintas orientaciones de género que nos permitan un cierto habitar este espacio común y construir una sociedad donde cada uno tenga el derecho a ejercer su lugar como actor social, como parte de la sociedad”.