“El piedemonte andino de Santiago ha sido sistemáticamente urbanizado como consecuencia de la especulación urbana y el negocio inmobiliario, incluida la zona de la falla de San Ramón, cuando por su vulnerabilidad y el servicio ambiental que presta debería ser un espacio de todos los santiaguinos”. Esa es la tajante opinión del Dr. Hugo Romero, Director del Centro de Investigación sobre Vulnerabilidades y Desastres Socionaturales (CIVDES) y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Esto luego de que los medios de comunicación difundieran una investigación que aseguraba que la Falla de San Ramón, que cruza Santiago entre los ríos Mapocho y Maipo en la precordillera, podría provocar un sismo de magnitud de 6 a 7 grados Richter, causando gran revuelo.
Hace décadas que la existencia de la falla era conocida, explica el Dr. Romero. Para el académico, la continua urbanización de la zona representa "una gran irresponsabilidad", debido a los riesgos que existen ante un movimiento telúrico fuerte en una zona que cuenta con hoteles, un centro nuclear, edificios públicos, el Hospital de Carabineros y Militar y varios centros educacionales en las inmediaciones de la falla.
A esto se agrega las consecuencias que tendría en términos sociales, debido a que la fractura cruza sectores de alta densidad urbana como Colón 8000, Villa La Reina y sectores vulnerables de las comunas de Peñalolén y La Florida, en situaciones en que la población de menores recursos es la que encaja con más dureza las consecuencias de un desastre natural.
Para el Dr. Hugo Romero "lo lógico habría sido que el piedemonte nunca hubiera pasado a ser propiedad privada y pudiera convertirse en un gran parque público para los santiaguinos", debido a que cumple un papel importante en materia de biodiversidad, contención de sedimentos e infiltración de agua, lo que se pierde cuando es urbanizada. Por el contrario, su desaparición trae aparejado el riesgo de inundaciones y aluviones.
¿Qué cambios se tendrían que implementar para enfrentar este tipo de riesgos?
Lo que más le falta a la sociedad chilena es conocimiento y discusión sobre estos temas, junto con un apoyo importante para la investigación científica en torno a las lecciones que podemos sacar de los desastres naturales de nuestra historia, como base para una mayor discusión entre la comunidad. Esta tarea le corresponde a las universidades públicas, cuyo principal indicador es la generación de conocimiento socialmente útil, y que aporte a la generación de opinión para la definición de políticas públicas.
Junto con esto se tiene que entender que los desastres naturales no son un elemento extraño a nuestro desarrollo, sino que son fenómenos cotidianos que debemos asumir como un componente de nuestras vidas. Un país que no lo considera en sus políticas públicas urbanas evidentemente va a tener que pagar altos costos.
¿De qué manera la institucionalidad del país ha tomado medidas para responder ante un desastre luego del terremoto del 2010?
Una institucionalidad enfocada únicamente en el período de emergencia, como la Oficina Nacional de Emergencia del ministerio del Interior (ONEMI), que abarca una parte mínima de las medidas que se deben tomar de manera previa a la ocurrencia de un evento de este tipo y resulta insuficiente, ya que la etapa de la preparación previa de la sociedad, la construcción de infraestructura, áreas de escape y refugios, y sobre todo la organización social y la educación de la población son aspectos clave para poder enfrentar de manera adecuada una emergencia.
Por el contrario, la respuesta actual a una emergencia consiste en escapar en el menor tiempo posible hacia zonas seguras que no cuentan con los recursos mínimos para hacerse cargo de la población que es evacuada, no hay terrenos ni planificación para instalar carpas, no hay alimentos no perecibles y agua almacenada, ni equipos de telecomunicación para coordinar o enviar información a las autoridades.
Es fundamental que se redefina el concepto de capital social, porque lleva asociados elementos como la solidaridad, seguridad y cooperación, valores importantes en una comunidad para contar con la confianza entre sus miembros. Toda la literatura indica que ante un desastre natural, el principal núcleo de resiliencia es la familia y los vecinos, y permiten enfrentar situaciones donde no hay comunicación con el exterior, ni acceso a electricidad, agua o alimentos como pasó para el terremoto del 2010.
¿Cómo se recoge actualmente este tipo de conclusiones para que la población esté más preparada?
Lo lamentable es que en el actual proyecto de ley sobre protección civil no está presente el rol de la comunidad, ni siquiera en cuanto a las juntas de vecinos. Seguimos pensando en una organización de arriba hacia abajo, burocrática y supuestamente tecnocrática, ignorando la experiencia internacional al respecto. En Estados Unidos la institución encargada de enfrentar emergencias decidió tras el Huracán Katrina tener filiales locales con funcionarios entre los vecinos de las comunidades, para que exista esa confianza que es base de la asociatividad.
Tampoco se ha desarrollado un debate académico y científico que sistematice la experiencia del 2010 y genere material para discutir esta ley con una base sólida. Todo lo contrario, la literatura más importante sobre el terremoto está en Japón o Nueva Zelanda, incluso, hay autores neozelandeses que hicieron un trabajo sobre el rol de los humedales en Concepción como espacios de reunión de la gente debido a la falta de agua. ¿Qué pasó con el humedal? ya no existe, construyeron un condominio encima. Hay que preguntarse si el 27 de febrero falló la ONEMI, o todo el país. La población enfrentó el desastre a partir de la organización comunitaria, no con el gobierno ni con las Fuerzas Armadas, y eso no se recoge en esta ley.
