El martes 17 de marzo comenzó la discusión sobre el proyecto que propone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres casuales. Es un día histórico, pues se inicia el debate sobre una demanda sistemáticamente postergada. Un avance en la profundización de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Se intenta, por fin, recuperar un derecho que las mujeres adquirieron en 1931 y perdieron en 1989, en las postrimerías de la dictadura. Un signo más de las necesarias transformaciones sociales que están ocurriendo en el país, no exento de limitaciones.
El esperado debate ocurrirá en un Parlamento donde las mujeres son minoría en ambas cámaras -16% de los diputados y 6% del Senado. Lo mismo ocurre en la Comisión de Salud: sólo 3 de sus 13 integrantes son mujeres. Como sucede con toda la discusión legislativa del Congreso, serán hombres quienes decidirán, esta vez sobre un asunto crucial para la vida, la salud y la integridad de las mujeres. Por ello, el primer deber del Parlamento es integrar a la deliberación la voz y la experiencia vivida por las mujeres, pues son ellas las primeras afectadas por la prohibición absoluta del aborto imperante en Chile.
Todo indica que las dos primeras causales –peligro de la vida de la mujer embarazada e inviabilidad fetal- concitan una aprobación mayoritaria en los parlamentarios. La discusión se centraría en la causal de violación. Ya escuchamos a un diputado afirmar que la violación es responsabilidad de la mujer y no un acto de violencia hacia ella. Machismo cavernario.
La prohibición del aborto en estas causales tiene un elemento común: constituye un acto de violencia física y simbólica hacia las mujeres. Nada más violento que el Estado obligue a toda mujer a terminar un embarazo en contra de su voluntad, dañando su salud o muriendo por ello, o a tener descendencia de su violador. El proyecto intenta reconocer la dignidad mínima de las mujeres, como es poder decidir en conciencia sobre su cuerpo y su vida, en condiciones específicas. Precisamente por ello, las tres causales concitan la aprobación de la mayoría de la población chilena, como lo demuestran diversas encuestas.
Las tres causales, sin embargo, no abordan el problema del aborto en su real magnitud. Las estimaciones indican que anualmente se realizan entre 70 mil y 120 mil abortos al año. Cada día que el Parlamento esté discutiendo despenalizar el aborto, por lo menos unas 190 mujeres estarán abortando y con ello cometiendo un delito. Como todo fenómeno social, se representa en la estructura de clases. Las mujeres de clase media y alta abortarán en Chile o el extranjero, en condiciones seguras; las de sectores populares recurrirán a abortos inseguros, poniendo en riesgo su vida y su salud. Todas lo harán clandestinamente y por motivos diversos.
La aprobación del proyecto en sus tres causales representará un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en entregar alternativas institucionales a situaciones de mucho dolor y sufrimiento. Quedará pendiente dar respuestas efectivas a los abortos por otras razones y terminar con la tremenda desigualdad social en que ocurren los abortos en la actualidad.