El espacio contó con la participación de las abogadas Alejandra Arriaza, de la ONG CINTRAS; Fernanda Arias, representante de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile; y Karinna Fernández, abogada defensora de derechos humanos. Además, la presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho, Agustina Melo, estuvo a cargo de la moderación del panel.
La actividad corresponde a la tercera fecha del Ciclo Conversatorio Derechos Humanos y Revuelta Popular, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, junto al equipo de gabinete de la senadora Fabiola Campillai. En la instancia, las panelistas dialogaron sobre la fragilidad de la institucionalidad, la importancia de la labor de las organizaciones sociales en el marco del estallido social, y evaluaron los avances y retrocesos a nivel legislativo.
La jornada comenzó con un video de la senadora, quien hizo un llamado a participar en este tipo de espacios de diálogo para intercambiar opiniones y trabajar en conjunto por la defensa de derechos humanos. Luego, el diálogo incorporó el análisis de las situaciones de violencia sucedidas en contextos represivos, especialmente aquellas provocadas por el actuar de las fuerzas de orden público durante las manifestaciones en el estallido social, y que resultaron en la afectación de derechos humanos. En esta línea, se valoró el surgimiento de organizaciones ciudadanas de resistencia en materias judiciales, sociales y de salud.
Una de estas entidades fue la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, conformada por estudiantes, profesores y abogados. En este período, la unidad realizó asesoría jurídica, monitoreo y registro de las diversas situaciones de vulneración de los derechos humanos y colaboró con las instituciones del sistema de justicia penal, con el objetivo de facilitar la presentación de denuncias y querellas a la Fiscalía.
Al respecto, la abogada de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, Fernanda Arias, reflexionó sobre la inesperada crisis institucional materializada desde ese entonces. “Es un poco espantoso pensar en lo frágil de nuestras instituciones y nuestro Estado de derecho. Es importante trabajar para fortalecer y reestructurar adecuadamente las instituciones llamadas a hacerse inmediatamente cargo”.
Por su parte, Alejandra Arriaza, abogada del PIDEE y ONG CINTRAS, analizó con preocupación el cambio de discurso de la ciudadanía desde el estallido social hasta el fin de la pandemia. “Se empezó a hablar de la delincuencia y violencia. El foco en la seguridad empezó a adquirir unos ribetes inesperados en nuestro país, donde las personas ya no se preocupan de la educación o de la salud, pero sí de la seguridad, planteando como si fuese oposición a los derechos humanos, no como una parte de esta. En este sentido, la criminalización del movimiento social ha ido adquiriendo cada vez más fuerza”, advirtió.
En esta línea, la panelista afirmó que, con el transcurso de los años, las organizaciones formadas en la revuelta social se han debilitado, propiciando el distanciamiento en la protección de los derechos humanos. “Con la aprobación de la Ley Naín Retamal, se pasó de un discurso de refundar la policía y de adecuar las reglas del uso de la fuerza a la vereda contraria en cuanto a la legislación, es una situación que va en retroceso”.
“Podríamos ir repasando cada uno de los avances, las últimas legislaciones, y yo creo que todas nos demuestran que efectivamente mientras no exista un cambio estructural todas las leyes que se puedan ir dictando en materia de protección a los derechos humanos se van a ir derogando con la misma facilidad”, agregó la expositora.
Uno de los temas tratados por la panelista y abogada defensora de derechos humanos, Karinna Fernández, fue el negacionismo en el litigio de las causas de violaciones a los derechos humanos, expresado a través de la indolencia moral y científica, y la estigmatización de los afectados. “Justamente, hemos evidenciado no solo la falta de reparación estructural integral a las víctimas, sino también en los procesos de denostación pública que han significado, en lo concreto, que se revoquen los escasos beneficios que ya estaban recibiendo algunas de las víctimas”.