Luego de un largo proceso de discusión, el Senado Universitario se encuentra ad portas de aprobar un Reglamento de Remuneraciones para el personal académico y de colaboración de la Corporación, el cual se ha transformado en un largo anhelo de distintos sectores de la comunidad universitaria.
En efecto, luego de detectar una serie de arbitrariedades y discrecionalidades en las remuneraciones académicas y funcionarias, a través de la publicación de éstas por la ley de acceso a la información pública, el organismo normativo superior decidió establecer un proyecto, en atención a las atribuciones que le asisten según el Estatuto Universitario y, en particular, a lo dispuesto en el artículo 59º de dicho cuerpo legal, el cual establece que “(…) Un Reglamento General fijará los derechos y deberes de dicho personal, regulará la carrera funcionaria y las normas con arreglo a las cuales se fijarán las remuneraciones”.
Justamente, el Senado Universitario busca reducir al máximo las arbitrariedades y discrecionalidades que se establecen en la actual estructura de remuneraciones, las cuales se visibilizan principalmente a través de la forma en que se entregan la Asignación Universitaria Complementaria y la Asignación Universitaria de Productividad. Esta situación ya ha sido observada por atentar contra la igualdad entre trabajadores y el bajo nivel de objetividad de las asignaciones en comento, a través de diversos dictámenes de la Contraloría General de la República (v.gr. Dictamen Nro. 70801 de 2016), realidad inaceptable para una universidad del Estado de Chile, que promueve entre sus principios orientadores “(…) la equidad y la valoración del mérito en el ingreso a la Institución, en su promoción y egreso”, así como, “(…) la integración y desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias, y el fomento del diálogo y la interacción entre las disciplinas que cultiva.” (Art. 4º del Estatuto universitario).
Lo expuesto en el párrafo anterior, genera al interior de la institución fuertes asimetrías – algunas de ellas muy difíciles de explicar – tanto inter-organismos universitarios como intra-organismos universitarios, lo que sin duda deteriora la convivencia institucional y la armonía que debe existir en una organización de las características de la Corporación.
Por lo indicado, y otros tantos argumentos, el Senado Universitario ha trabajado una vez más por la comunidad. Al proyecto elaborado por la legislatura anterior, la plenaria del organismo superior acordó iniciar un proceso amplio de consulta a la comunidad, el que se materializó en un conjunto de indicaciones y observaciones que fueron canalizadas por distintos senadores universitarios, integrándose al proyecto original más de 550 de éstas.
El acto participativo, al cual se unió un gran proceso de difusión por parte del Senado Universitario, permitió que la comunidad se sintiera escuchada y considerada en la toma de decisiones. Se realizaron charlas informativas, se levantó un completo sitio web y se desarrollaron vídeos sobre el proyecto y la evolución de sus etapas legislativas. Como hace años no acontecía, la Universidad se movilizó y participó.
De esta manera, la Comisión de Presupuesto y Gestión revisó, clasificó y analizó la totalidad de las indicaciones presentadas, así como los comentarios de los miembros de la comunidad universitaria. En un trabajo de largo aliento que duró casi dos años, discutió la pertinencia de cada una de ellas y procedió en aprobar el texto original, modificarlo o adicionar nuevos artículos que permiten perfeccionar el proyecto. Entre estas últimas acciones, destacan las propuestas de incorporación de la Asignación Universitaria de Proyecto Académico y de la Asignación Universitaria de Actividad Destacada, las que sin duda son un avance en el perfeccionamiento del proyecto original.
Por cierto, queda mucho trabajo por delante. Se deben derribar un sinnúmero de mitos, entre los que sostienen que el Senado Universitario podría fijar en cuantía las remuneraciones, situación que a todas luces es incorrecta en atención a la atribución ejecutiva de dicha acción. Es importante destacar que la fijación de los valores por los parámetros que establecerá el reglamento, será siempre del Rector o de dicha autoridad con el Consejo Universitario, y en algunos casos, los respectivos decanos o directores de institutos con sus organismos colegiados correspondientes. Hoy se intenta regular para dar lógica y coherencia a una estructura de remuneraciones que muchos han categorizado de injusta y que atenta contra el principio de igualdad antes la ley; en efecto, el proyecto que discute el Senado Universitario busca objetivar las asignaciones y proceder a un cambio de paradigma en su concesión, siendo ésta una acción colegiada y no exclusiva de una autoridad.
Hoy, el sistema universitario chileno vive momentos decisivos con la discusión de la ley de educación superior, donde un tema fundamental ha sido el financiamiento y la gratuidad. En tanto, discutimos y analizamos un proyecto que nos permitirá tener una estructura de remuneraciones oportuna y coherente para la Corporación. Gran opción tenemos entonces para sincerar nuestra realidad universitaria y el sentido estatal de la institución, así como buscar mayor coherencia con los principios orientadores que decimos cultivar y promover.
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(*) Senador universitario y Presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario.
Funcionario de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile
[danielburgos@ciq.uchile.cl].