Ante un patio Domeyko repleto de familiares, académicos, estudiantes, funcionarios, autoridades, compañeros y representantes de organizaciones de organizaciones de Derechos Humanos, fue que la Universidad de Chile realizó el anuncio de una iniciativa que hoy se encuentra en marcha: la universidad pública más antigua del país inició un proceso de reparación y de memoria institucional a partir de la entrega de la distinción título póstumo y simbólico y grado académico póstumo y simbólico para ex estudiantes de la Universidad de Chile detenidos desaparecidos y ejecutados políticos por la dictadura cívico-militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, mediante el Decreto Exento N°00307766.
De la mano de este anuncio, la Casa de Bello conformó un comité interdisciplinario a cargo de investigar y estudiar los casos de quienes, siendo estudiantes de la Universidad, fueron víctimas del terrorismo de Estado. La instancia está integrada por la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran; la directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya y los investigadores del mismo, Alessandro Chiaretti y Ariadna Biotti; el director Jurídico, Fernando Molina; la directora del Departamento de Pregrado, Leonor Armanet; el jefe de Área de Gestión Académica, Carlos Rilling; el jefe de Admisión y matrícula, Osmar Valdebenito; el coordinador Académico y la coordinadora Ejecutiva de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash y Karen Cea; y por la jefa de Gabinete de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Jennifer Abate.
Este proceso forma parte de un trabajo sistemático que ha realizado la Casa de Bello en materia de memoria y reparación, y se suma a iniciativas como la desclasificación de los sumarios de la dictadura, a los que hoy la comunidad universitaria y los investigadores pueden acceder en el Archivo Central Andrés Bello; y a la conmemoración del 11 de septiembre dentro de las ceremonias oficiales de la institución.
"Desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones estamos muy orgullosos de que la Universidad de Chile, gracias al impulso de la Cátedra de Derechos Humanos y el apoyo del Rector, pueda saldar una deuda histórica, que ha tardado casi treinta años en ser reparada. Con esta medida muchas familias que han luchado toda una vida por alcanzar justicia recibirán al menos el reconocimiento de que sus hijos fueron parte de esta comunidad. En estas distinciones de títulos póstumos y simbólicos está el reconocimiento no sólo académico a quienes fueron y siguen siendo parte de esta Universidad. Está, por sobre todo, nuestro homenaje y profunda admiración a ellas y ellos", dijo por su parte la vicerrectora Zeran.
Un proceso abierto
El proceso de investigación en torno a las y los estudiantes que recibirán la distinción se inició con la revisión del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991); el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) y el informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (2011).
A esta revisión se suma el trabajo que el Comité está realizando con la información institucional disponible, entre la que se encuentran los archivos del período 1971-1979 y 1981-1989 de la por entonces denominada “Vicerrectoría Académica de Asuntos Estudiantiles (VAE)”.
Para la directora del Departamento de Pregrado, Leonor Amanet, el trabajo con los registros de matrícula que hoy se encuentran en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos representan un doble valor: "Primero, porque fueron custodiados y protegidos por funcionarios de la Universidad en plena dictadura, conscientes de su valor testimonial; y segundo, porque son materiales que poseen información histórica de nuestra institución, que hoy están contribuyendo a un proceso de reparación y de memoria que es fundamental que llevemos adelante", señal.
El director Jurídico, por su parte, destacó que lo que está llevando adelante la Casa de Bello es "un proceso riguroso que, mediante la revisión de fuentes oficiales del Estado y de la Universidad, permitirá reconocer a ex estudiantes que fueron ejecutados políticos o detenidos desaparecidos en la época de la intervención militar", cumpliendo de esta manera, a través de un proceso interdisciplinario, el objetivo de esta medida que es el reconocimiento y la reparación, de la mano de la construcción de la memoria histórica de la U. de Chile.
"La clave del proceso es validar la condición de estudiante de la persona, por eso estamos aplicando una metodología con un protocolo de trabajo", señaló Alejandra Araya. A esto se suma, detalló, la creación de “expedientes con información validada de la persona”, todo esto, “a partir de criterios jurídicos, historiográficos y administrativos”.
Además, y en vista de que la colaboración de la comunidad universitaria será fundamental en la recolección de la información, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones solicitará el apoyo de las diferentes unidades académicas de la Casa de Bello, a fin de que las autoridades puedan apoyar en este proceso a partir de nóminas, investigaciones preliminares, documentos de archivo, entre otros, además de designar a un integrante de esa comunidad en tal tarea.
Como finalizó Claudio Nash, "esta medida lo que busca es reestablecer un lazo que se rompió -producto de la desaparición forzada y de ejecuciones en la dictadura- entre la Universidad y miembros de su comunidad que eran estudiantes durante esa época. De ahí que sea tan importante que en este proceso participe toda la comunidad universitaria, y en ese sentido es clave que todas las unidades académicas aporten con la información necesaria para reconstruir esta historia común".
Para aportar información y ponerse en contacto con el Comité está disponible el correo titulacionespostumasysimbolicas@uchile.cl