Mientras los estudiantes se manifestaban en Plaza Italia, el Consejo de Rectores y el Ministerio de Educación acordaron iniciar el lunes una mesa de trabajo para consensuar los cambios que se realizarán a la enseñanza superior.
El ministro Joaquín Lavín presentó ante los planteles tradicionales los 12 puntos que contiene la reforma, entre los cuales figuran la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, modificaciones al sistema de ayudas estudiantiles, a los aportes fiscales directo e indirecto (AFD y AFI), creación de nuevos fondos para universidades estatales y formación de profesores.
"La disposición del ministerio es trabajar de común acuerdo con los rectores. La reforma a la educación escolar también se hizo buscando consensos, porque finalmente estos proyectos requieren aprobación en el Congreso", explicó Lavín.
La idea del gobierno es enviar al Legislativo entre julio y agosto los proyectos de creación de la nueva subsecretaría, los vinculados con financiamiento estudiantil y una nueva ley para universidades estatales.
Las autoridades académicas valoraron la disposición al diálogo del gobierno, además de considerar que las propuestas tienen una mirada más integral del sistema. Sin embargo, destacaron que falta conocer los fondos adicionales que implicará la reforma.
"Es fundamental que se demuestre que hay voluntad política a través de una definición de lo que serán los marcos presupuestarios, porque todos estos temas requieren de más recursos", afirmó el rector de la U. de Chile y vicepresidente del Consejo, Víctor Pérez.
En la reunión se planteó al ministro que los cambios incluyan atribuciones de la Contraloría para fiscalizar todos los recursos públicos que se entregan a las universidades, que todos los planteles entreguen sus balances y que se conozcan las sociedades relacionadas.
En cuanto a la idea de entregar el AFI a los alumnos, los rectores la rechazaron porque incorpora un aspecto de negociación que distorsiona el sistema. "¿Vamos a tener que tener una agencia de viajes para ofrecer viajes a los estudiantes, o computadores?", dijo Pérez.
PSU
Por petición del ministerio, el Consejo de Rectores extendió hasta el lunes 30 el plazo para que los planteles privados decidan si quieren participar en el proceso PSU.
Hasta el 25 de mayo había siete casas de estudio que estaban dispuestas a sumarse, entre las que están la U. Diego Portales, Cardenal Silva Henríquez, Adolfo Ibáñez, de los Andes, Mayor, Alberto Hurtado y Andrés Bello.
"El día miércoles invitaremos a las universidades a una reunión de trabajo donde en conjunto con expertos en el proceso de PSU se les explique el marco, solucionar las dudas y tener el número final de participantes", explicó el rector de la UC, Ignacio Sánchez.
Tener la cantidad específica de participantes determina cuál será el calendario del proceso PSU. Hasta ahora se sabe que el test se realizará el 28 y 29 de noviembre y que las inscripciones se iniciarán el 6 de junio.
Además, el Consejo de Rectores acordó aumentar en cinco preguntas la prueba de Matemática, con lo que los alumnos tendrán que contestar 75 interrogantes.
El tiempo de respuesta pasó de 2 horas y 15 a 2 horas y 25 minutos.
43
detenidos
Pese a que no contaban con la autorización de la Intendencia, cerca de 2 mil estudiantes secundarios protagonizaron una marcha que terminó con incidentes en el centro de Santiago. Los jóvenes, que pretendían llegar hasta el Ministerio de Educación, se enfrentaron con carabineros en la Plaza Italia.
Se registraron daños menores a la propiedad pública y hubo 43 detenidos, los que fueron trasladados hasta la 19ª y 33ª comisaría de Santiago. Entre otras exigencias, los escolares solicitaron la gratuidad del pase escolar y el fortalecimiento de la educación pública.
Los estudiantes universitarios, agrupados en la Confech, realizaron una manifestación frente al Mineduc, donde entregaron una carta con sus demandas. Éstas son regular el sistema privado de universidades y más recursos para los planteles estatales.
"Si no hay señales políticas claras para terminar con el lucro en la educación, una regulación del sistema privado y una inyección de más recursos del Estado para instituciones que están en crisis, no va a haber apertura para trabajar en mesas de diálogo", explicó Camila Vallejo, presidenta de la FECh. Reafirmó que si no hay acuerdo, habrá un paro nacional el 1 de junio.