Carta publicada el 30 de junio de 2011
Señor Director:
El asesor de asuntos públicos de Codelco, señor Jorge Donoso, en carta publicada ayer afirma compartir la propuesta de la Universidad de Chile y del Consejo de Rectores sobre la reforma a la educación superior, pero plantea dudas sobre el ejemplo dado por la capitalización de Codelco.
Si bien es evidente que cada caso debe ser evaluado en su justo mérito, es necesario recordar que el Estado es dueño de la Universidad de Chile y de Codelco.
En ese contexto, el Estado decidió no retirar sus utilidades de Codelco, y dejarlas en esa empresa estatal para que sean invertidas en ella, con el objetivo de hacer sustentable el desarrollo de la cuprera y hacerla competitiva a nivel mundial. Esta decisión, que en principio parece razonable, no es igual en la Universidad de Chile, donde el Estado sólo financia menos del 10% de su presupuesto 2011, con lo que no se hace responsable de su desarrollo sustentable y tampoco de que sea competitiva a nivel internacional, que es lo que el país espera de ella y para lo cual tiene las capacidades y el conocimiento para lograrlo. Cabe recordar que la Universidad de Chile es la que más investigación científica realiza en nuestro país y acoge a estudiantes provenientes de escuelas públicas y subvencionadas, es decir, es la que cumple por excelencia el rol de desarrollo, justicia y equidad que el Estado le asigna. Y todo eso lo hace con menos del 10% de financiamiento estatal.
Así como las inversiones estatales aprobadas para Codelco buscan que la cuprera siga contribuyendo al presupuesto nacional, también es deseable que las universidades estatales reciban financiamiento estatal para invertir en mejorar su competitividad en investigación, desarrollo e innovación, en ampliar la cobertura y calidad de su docencia de pre y postgrado y para seguir contribuyendo a pensar para Chile.
Profesor Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile
Carta publicada el 27 de junio de 2011
Señor Director:
En dos artículos de la página editorial del día sábado se analiza el actual sistema de educación superior.
Como Consejo de Rectores, entregamos el 6 del presente al titular de la cartera de Educación una minuta con observaciones para mejorar la agenda de Educación Superior que el ministro Lavín nos había presentado el 26 de mayo pasado. Lamentablemente, varios de los temas que son centrales de nuestra minuta siguen estando ausentes en el último documento que nos entregó el pasado lunes 20, dificultando los consensos que una política de Estado debe alcanzar en esta materia.
Los temas que se siguen omitiendo son mayor transparencia, fiscalización, aportes basales permanentes para las universidades estatales, y más y mejores ayudas a los estudiantes.
En transparencia, es inaceptable que en nuestro país se siga realizando todos los días un lobby oscuro y sin regulación, y es impresentable que haya proyectos de ley al respecto durmiendo en el Congreso. Si bien el ministro Larroulet se ha comprometido a acelerar la tramitación de una ley que regule el lobby en Chile, es fundamental que el Gobierno se comprometa con una fecha y con la urgencia que le dará a su tramitación. Una ley de lobby permitirá dar más transparencia a los intereses públicos y privados, lo que ayudará al país y al sistema universitario.
También estamos pidiendo una Superintendencia de Educación Superior que fiscalice y haga cumplir la ley que señala que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Es increíble que tengamos que pedir que se cumpla la ley, porque hoy, a vista y paciencia de las autoridades, se compran y venden universidades privadas en cifras millonarias, las que, como señala el editorial del sábado de "El Mercurio", canalizan recursos a sociedades relacionadas, muchas de ellas inmobiliarias. Como si esto fuera poco, esas mismas universidades están pidiendo que el Estado les entregue recursos de todos los chilenos, sin fiscalización de la Contraloría, para que ellas puedan mejorar aún más su negocio. ¿Se imagina a alguien pidiendo que los recursos públicos vayan a las clínicas privadas y no a los hospitales públicos?
El tercer tema es que el Estado entregue a las universidades estatales aportes basales que les permitan desarrollar su actividad en forma sustentable, terminando con la creciente privatización de su quehacer académico y que amenaza con desnaturalizar su misión pública.
¿Cómo se entiende que el Estado entregue cifras millonarias a Codelco y no pueda entregar casi nada a sus universidades que piensan, forman e investigan por Chile? Cuando el editorialista señala, acertadamente, que las mejores universidades estatales de EE.UU. e Inglaterra reciben del Estado entre el 15 y 24 por ciento de sus ingresos, y que en Europa hay universidades estatales de calidad cuyo financiamiento público, incluso, supera el 50 por ciento (en Finlandia es del 65%), ¿es razonable que menos del 10% del presupuesto 2011 de la U. de Chile sea financiado por el Estado, impidiéndonos así alcanzar niveles de calidad y equidad similares? Somos la universidad que más investigación realiza en el país y en la que estudian los alumnos de establecimientos públicos y particulares subvencionados.
Y el cuarto -y muy importante- tema es el de las ayudas a los estudiantes, en las que se deben aumentar el número, el tipo y el monto de las becas y ayudas estudiantiles para asegurar equidad e igualdad de oportunidades para los alumnos vulnerables y de clase media.
Víctor L. Pérez Vera
Rector Universidad de Chile