Señor Director:
En los últimos días hemos podido leer diversas opiniones críticas por la legítima decisión de la Universidad de Chile de recurrir a tribunales de justicia para preservar su autonomía, en defensa de la cual el Consejo Universitario adoptó la posición institucional, en 2009 y 2010, de que en materias de transparencia, al igual que otros órganos autónomos del Estado, esta casa de estudios se regía por sus propias normas y no por la Ley 20.285.
Estas opiniones se enmarcan en los ataques que venimos recibiendo desde hace meses, en un contexto donde diversas autoridades y personalidades han hecho sentir su falta de respeto y afecto por la Universidad de Chile, baluarte educacional y cultural de Chile.
Esas opiniones críticas omiten con descaro que hay universidades privadas en las principales ciudades del país que reciben más dinero que las estatales y que no tienen ningún control de organismos públicos, y que otras no tienen mecanismos democráticos de elección de sus autoridades. Incluso hay una universidad privada que tiene una de las dos franquicias estatales existentes en el país para juegos de azar.
Esas mismas opiniones críticas también omiten con descaro que en Chile existe un lobby oscuro que no está regulado por el Gobierno y que beneficia a unos pocos en perjuicio de todos, al torcer la voluntad democrática a través del poder del dinero y los tráficos de información e influencias.
En resumen, son opiniones críticas que pretenden silenciar y perjudicar a la Universidad de Chile, al punto de desconocerle su derecho a realizar un acto tan democrático como es recurrir a los tribunales para preservar su autonomía, contemplada en su estatuto y que es ley de la república.
Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile