Señor director:
Respecto del editorial publicado el domingo pasado, es importante recordar que a raíz de la votación sobre la ley antitabaco, varios parlamentarios denunciaron un gigantesco lobby de tabacaleras y casinos de juego. Incluso uno de ellos denunció que "el lobby oculto es fronterizo con el tráfico de influencias".
El propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, se sumó a las denuncias y dijo que es imprescindible regular esta práctica que "implica influencias en nuestros actos políticos y ciudadanos", además de afirmar que él no recibe agencias de lobby.
Recientemente, los investigadores Andrés Zahler y Juan José Soto informaron que en Estados Unidos "las 50 empresas que más han gastado en lobby desde el 2002, como fracción de sus activos, han rentado anualmente un 11% más que el principal índice bursátil de EEUU, el S&P500. Y que según varios estudios, las empresas ganaron 220 dólares por cada dólar que fue gastado en lobby". Es decir, las empresas que usan el lobby tienen un retorno superior al mercado. ¿A qué bolsillos van a parar esos dólares? ¿No es eso comprar voluntades al margen del sistema democrático?
Es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo informen pública y voluntariamente sobre las agencias de lobby que están realizado gestiones o presiones para forzar la voluntad democrática a favor de intereses particulares, más aún en momentos en que se están tramitando proyectos de ley de gran interés social y cívico. No hay ninguna justificación para mantener el secreto respecto de qué grupos de interés, privados y agencias de lobby, están realizando gestiones ante autoridades públicas.
Por lo mismo, llevamos meses pidiendo pública y reiteradamente que se termine la impunidad del lobby no regulado que se realiza en nuestro país y que beneficia a unos pocos en perjuicio de todos. Y no pasa nada.
Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile