El marco que rige la educación superior ha sido una preocupación de larga data de la ciudadanía y en particular de nuestra comunidad universitaria. La necesidad de cambios profundos en aspectos tales como la equidad del acceso, la calidad y la justa consideración del Estado a sus universidades, entre otros, se ha hecho evidente para todo el país, dejando atrás años de adaptación a un sistema evidentemente inadecuado.
El envío del proyecto de ley de reforma al sistema de educación superior al poder legislativo marca una nueva etapa del proceso político y social en torno al problema. En esta etapa todos quienes manifestamos nuestros puntos de vista al respecto tenemos la oportunidad y la responsabilidad de contribuir. Para ello es necesario conocer directamente el proyecto, de modo de tener una visión global de él y de su articulado como paso indispensable para formular las observaciones (ver proyecto aquí).
Es imprescindible que ahora las opiniones, críticas y alternativas vayan más allá de las declaraciones generales y se enfoquen en aspectos concretos y específicos. La Universidad de Chile canalizará las opiniones de su comunidad, sin perjuicio de aquellas que cada persona quiera emitir de manera individual o a través de la organización que le represente. Para ello el nivel central de la Universidad y nuestra Facultad, a través de sus vías institucionales promoverán la difusión de las ideas y la expresión de las opiniones de su comunidad en torno al proyecto.
Es necesario tener conciencia de que este proceso legislativo en particular tendrá una duración difícil de prever, en tanto involucra una complejidad imaginable a partir de los ámbitos que aborda, las condiciones del país y la diversidad de intereses y visiones al respecto.
En este contexto, es necesaria la consideración sobre algunas de las demostraciones de parte de la comunidad universitaria para promover los cambios en discusión. Así, la paralización de actividades docentes no parece servir objetivos compatibles con fortalecer el papel de la Universidad de Chile en particular ni de la educación pública y su calidad en general; por otra parte, ella no aporta per se elementos relevantes a incorporar en el proceso legislativo, el que obviamente no se ve afectado por medidas como la señalada o similares. Más aún, la mantención de la paralización contribuye a deteriorar a la Universidad, tanto en costos académicos, personales, particularmente para los estudiantes y sus familias, y organizacionales, así como de imagen institucional.
Como comunidad que se congrega en torno a la racionalidad, la búsqueda de la calidad y el servicio a las necesidades del país, nos debemos mejores formas de participación del debate público, coherentes con los valores que declaramos compartir.
Invito a toda nuestra comunidad a reflexionar en torno a lo señalado y actuar en consecuencia,
Dr. Manuel Kukuljan
Decano
6 de julio de 2016