Hasta los salones del Ex Congreso de Santiago llegó el Rector Ennio Vivaldi para responder a las interrogantes planteadas por los parlamentarios que integran la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados respecto a las observaciones y diferencias que los rectores han expresado respecto al contenido de este proyecto del Ejecutivo, tras la sesión del lunes 31 de julio.
En la instancia, donde fue acompañado por el prorrector Rafael Epstein, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, y el director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales, Giorgio Solimano, el Rector Vivaldi cuestionó que a pesar de la participación de los rectores en los debates previos a la redacción de esta propuesta, se incluyeran determinaciones que se sabía serían rechazadas por las comunidades.
"Era evidente que esta forma de plantear la gobernabilidad en la Universidad, y lo que atañe a los funcionarios no académicos no iba a ser aceptado. No sé dónde fueron introducidos esos cambios", aseguró el Rector Vivaldi, quien calificó el modelo de gobierno interno como regresivo, ya que no reconoce la soberanía de los consejos universitarios en temas que les son propios, y olvida que las universidades además de instituciones, son comunidades.
El Rector Vivaldi también se refirió a la calidad de las universidades, asegurando que el bien jurídico a proteger es el derecho a una educación de calidad, y que es responsabilidad del Estado el proveer una buena educación en sus instituciones. "Es el Estado el que se compromete como proveedor a entregar la formación profesional, por lo tanto, la calidad es un requisito imprescindible en docencia, investigación y extensión", por lo que si una institución tiene malos resultados "eso es culpa del Estado, desde la ministra hasta el rector de esa Casa de Estudios".
Sobre el financiamiento, el Rector cuestionó la actual situación que viven los planteles estatales, enfatizando en su aporte para el desarrollo del país y la necesidad de que cuenten con los recursos necesarios para ello. "Si queremos tener universidades en regiones extremas, es absurdo pensar que el Estado incorpore a personas de esas zonas a nivel productivo, en investigación e innovación, y va a financiar eso con el arancel que paguen los jóvenes de esas regiones. Es un tema de soberanía nacional", enfatizó.
Finalmente, Vivaldi remarcó que el objetivo de contar con una Ley de Universidades del Estatales que fortalezca estas instituciones no busca negar la calidad de otras Casas de Estudio privadas, pero sí reconocer el perfil y el aporte particular que los planteles estatales han realizado al país a lo largo de su historia, y la necesidad de reinstalar el concepto de universidad del Estado.
En la misma línea del Rector Vivaldi, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, destacó que los planteles del Estado no son servicios meramente administrativos, si no que cumplen otras funciones con otros niveles de complejidad. "Las universidades del Estado se definen por el deber, y no la mera opción de ser lugares para el uso público de la razón, es decir, para pensar por sí mismos, para expresarse libremente, no en representación de otros o por sujeción a una autoridad, sino hacerlo con una ciudadanía intelectual donde no hay un controlador que ponga límite a lo que se piensa, imagina, investiga o crea".
Junto con ello, Valle aseguró que estas instituciones son también comunidades educativas, donde la participación normada de los diferentes estamentos en los organismos colegiados es indispensable. "Las comunidades universitarias no vamos a aceptar que el Consejo Universitario sea meramente consultivo. Eso representa un retroceso a lo que hemos avanzado, porque estamos trabajando en un proceso formativo, de transformación de las personas; somos en ese sentido una comunidad educativa."
"No es lo mismo un gobierno universitario que un gobierno corporativo, y ahí creo que el proyecto no tiene el equilibrio suficiente", remarcó Valle, quien de todas maneras aseguró que lo importante es diferenciar competencias entre el Consejo Superior y el Consejo Universitario.
La ministra de Educación (s), Valentina Quiroga, junto con reconocer la heterogeneidad de posiciones respecto al tema, expresó la disposición del Ejecutivo por recoger los elementos planteados, y aseguró que "este es un debate rico y necesario. El país tiene que tener una ley particular para las universidades del Estado".
Autonomía universitaria
El diputado Giorgio Jackson, quien integra la Comisión de Educación, defendió la necesidad de la autonomía del desarrollo de la sociedad. "El espacio de la élite académica no necesariamente tiene que ser alguien que democráticamente es electo, las universidades nacen antes del Estado moderno y su autonomía la consiguen por una resistencia a ser cooptadas por uno u otro gobierno para desplegar sin censura el desafío a la ley de lo establecido en el campo cultural, económico, político y científico. Esa autonomía se concibe en cuanto a su comunidad logra debatir esos proyectos que se entienden como una contribución a la sociedad", afirmó el parlamentario.
Al respecto, Jackson cuestionó el peso excesivo que en su opinión tendría el gobierno de turno respecto a las universidades del Estado según al proyecto en discusión. "Para asegurar esa autonomía necesitamos participación equilibrada de los estamentos donde los académicos tienen un peso importante, los funcionarios otro, pero también los estudiantes", lo que iría en contrapelo al peso consultivo del Consejo Universitario, en comparación al propuesto Consejo Superior.
En la sesión participaron los diputados Yasna Provoste, Roberto Poblete, Rodrigo González, Romilio Gutiérrez, Giorgio Jackson , María José Hoffmann, Alberto Robles y Jaime Bellolio.