Señor Director:
El jefe de la división del Ministerio de Educación afirma en carta a "El Mercurio" que estoy equivocado al exigir a la ministra Carolina Schmidt que cumpla con sus obligaciones legales y políticas, y explique qué la inhibe para iniciar de una vez una investigación seria y formal sobre la compra-venta de la marca y los estudiantes de la Universidad Andrés Bello y sobre los millonarios traspasos de esa universidad y la Universidad de las Américas a su matriz Laureate, acciones que violarían la ley chilena y que hemos conocido por el Consejo Nacional de Educación, la Fiscalía del Ministerio Público, la PDI y revelaciones de prensa sobre el contrato que está en la SEC de Estados Unidos.
Para claridad de todo el país, la respuesta a la inexcusable inacción de la ministra Schmidt está en la sesión Nº11 de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados del 14 de diciembre de 2011, donde el contralor general de la República dijo: "La fiscalización que puede hacer una División de Educación Superior, en el contexto de las sanas y potentes normas que tiene, necesariamente le alcanzan de acuerdo con la determinación normativa y regulatoria que tiene". Y agregó: "Efectivamente hay una musculatura fiscalizadora, reguladora del sector que no se ha aplicado".
Asimismo, y preguntado sobre la creación de una Superintendencia de Educación Superior que goce de autonomía y tenga potestad para fiscalizar, señaló cuestionando su necesidad: "¿Autonomía respecto a qué? ¿Para qué?". "Las potestades fiscalizadoras, normativas y reguladoras del sector las tiene Educación. Ahí hay un velo de ausencia".
Las afirmaciones efectuadas por el señor contralor se encuentran respaldadas en sus distintas presentaciones ante el Congreso Nacional y dictámenes de su organismo, un resumen de los cuales se puede encontrar en el Dictamen 019509 de 2013.
Insisto en que ya es hora que la ministra Schmidt deje de mirar para el lado y aborde este tema con la seriedad que lo merece, tal como se lo exige la ley y los estudiantes de esas universidades, sus familias y la ciudadanía.
Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile