De esta manera, se eximirían de rendir el test -que fue cuestionado el año pasado por la filtración de 12 preguntas- los profesionales egresados de universidades acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y sólo deberían aprobarlo los egresados de universidades sin esta certificación y médicos extranjeros que quieran ejercer en Chile.
Pérez admitió su "sorpresa e indignación por la decisión, basada en el supuesto ministerial de que cualquier egresado de una universidad acreditada está apto para ejercer como médico (...) Esta explicación es inaceptable, en momentos en que los tribunales de justicia están investigando delitos vinculados a acreditaciones de universidades privadas nuevas y en que hemos denunciado reiteradamente que muchas de ellas no cumplen la ley que prohíbe el lucro".
Agregó que "la única explicación real oculta para esta decisión, es que en Chile aún no hay una ley que regule el tráfico de influencias, información y dinero de las agencias de lobby" y recordó que el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha criticado públicamente el lobby a favor de las tabacaleras y la colusión de las farmacias.
En tanto, Mañalich señaló esta mañana que el proyecto será ingresado a través de la Cámara de Diputados, argumentando que su cartera "es discriminada al estar obligada a entregar a un tercero (Asofamech) una valoración de la calidad de los médicos que egresan para que puedan ser contratados o becados por el Estado".
Pero, además, dijo, el año pasado se demostró que "era un examen filtrable y no confiable (...) que está en proceso de investigación judicial donde hubo delitos, y no puede ser mirado como un instrumento válido".
Agregó que "hoy estamos en una situación de emergencia: no tenemos certeza absoluta de que el examen de diciembre de 2013 sea confiable".
