Señor Director:
A diferencia de lo que señaló el ministro Cristián Larroulet en su carta publicada ayer, el proyecto de ley de lobby del Gobierno es solo formal y no resuelve el problema de fondo: las agencias de lobby seguirán teniendo total impunidad para su tráfico de información, influencias y dinero a través de reuniones sociales, llamadas telefónicas y correos electrónicos, entre otros medios ocultos a la transparencia.
Con la sola información de las audiencias formales que propone el ministro no tendríamos información sobre los recientes escándalos de colusión de farmacias; acreditaciones universitarias falsas; ciudadanos convertidos en clientes cautivos de bancos, supermercados e isapres; y aprobación forzada o sanciones simbólicas a proyectos con graves daños sociales y ambientales.
Es necesario obligar a que las agencias de lobby informen públicamente sobre su lista de clientes y los temas que están planteando a cada autoridad, para evitar presiones que fuercen la voluntad democrática a favor de intereses particulares, más aún en momentos en que se siguen tramitando o dejando de tramitar proyectos de ley de gran interés social, cívico y económico. Y obviamente las autoridades tienen que informar de todas las presiones que reciben de esas agencias de lobby a través de reuniones sociales, llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Pretender dar transparencia a este grave problema a través de las audiencias formales es francamente una burla a la luz de los últimos acontecimientos.
Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile