Durante el mes de octubre, los estudiantes del Curso Clínico especializado de derecho ambiental y resolución de conflictos participaron una serie de actividades en las que pudieron analizar con juristas los alcances de las negociaciones internacionales sobre el acceso a la participación ambiental y reconocer metodologías de trabajo para impulsar el acceso a la justicia ambiental.
El pasado 12 de octubre, los estudiantes tuvieron la oportunidad de tener una mesa redonda con invitadas externas y conocer la visión del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con la charla de la abogada Daniela Ortega, y el trabajo del Ministerio del Medio Ambiente, a través de la exposición de la abogada Constance Nalegach, jefa de la División de Relaciones Internacionales. En dicha oportunidad, se conversó sobre el papel de Chile en las negociaciones por un instrumento que consagre el principio 10 de Río de Janeiro en América latina y el Caribe. Este principio se refiere a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.
En tanto, el viernes 21 de octubre se llevó a cabo un taller preparatorio en torno a las negociaciones del convenio de América Latina y el Caribe sobre el Principio 10, en dependencias del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho.
La actividad organizada, por las profesoras Valentina Durán y María Nora González junto a Andrea Sanhueza, representante electa del público para estas negociaciones internacionales, fue inaugurada por la profesora Alicia Bobadilla, subdirectora del Departamento, quien destacó la oportunidad de que los estudiantes puedan ser agentes de cambio para el bien común y para un mejor acceso a la justicia ambiental, con lo que se ayuda a superar las asimetrías que impiden el pleno goce de los derechos de acceso.
Oportunidad política
Andrea Sanhueza presentó el proceso de negociación, del cual resaltó que representa una oportunidad política para solicitar al Estado chileno mejoras específicas en los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental.
Del mismo modo, la abogada Paula Fuentes presentó una mirada comparada de los 17 países de América Latina sobre la consagración de los derechos de información y participación en los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Entre sus pares de la región, Chile se destaca por sus niveles de acceso a la información ambiental, mientras que presenta oportunidades de mejoras en aspectos operativos del derecho de acceso a la participación ambiental.
Finalmente, un grupo de estudiantes de la Clínica Ambiental presentaron un análisis comparado de las disposiciones del texto compilado del convenio, con las normas chilenas y las propuestas que emanaron de la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En otra actividad realizada por la Clínica Ambiental, profesores y estudiantes compartieron experiencias con la Clínica de Interés Público de la Universidad del Rosario de Colombia, conectándose a través de videoconferencia con la profesora Lina Muñoz y un grupo de alumnos. En la ocasión, los equipos dieron a conocer recíprocamente sus metodologías, similitudes y diferencias, destacando el compromiso de ambas iniciativas con el acceso a la justicia ambiental.
El curso clínico especializado de derecho ambiental y resolución de conflictos fue creado el año 2002 por la Profesora María Nora González junto a un equipo académico interdisciplinario, en el marco de un proyecto MECESUP para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza del derecho.
Junto con atender a personas que no pueden costear de otro modo la asesoría jurídica especializada cuando se ven afectados por problemas ambientales, el curso ofrece la oportunidad de profundizar en las causas de los conflictos socioambientales y las vías de intervención ante éstos a través de módulos temáticos.