Señor
Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
Presente
De nuestra consideración:
Los abajo firmantes, organizaciones de derechos humanos y académicas, nos dirigimos a usted a fin de hacerle presente la grave situación que amenaza la preservación de la memoria histórica y las posibilidades de justicia en torno a Colonia Dignidad, a fin de que su Gobierno tome las medidas necesarias para evitar un daño irreparable a las justas exigencias de las víctimas de crímenes de lesa humanidad ocurridas en Colonia Dignidad durante la dictadura cívico militar.
Es de público conocimiento que a fin de reparar a las niñas y niños víctimas de abuso sexual en Colonia Dignidad el Juzgado de Letras de Parral ha decretado el remate para fines de mayo de terrenos en dicho enclave (equivalentes a 3,700 hectáreas). La reparación de estas víctimas es un derecho que apoyamos y que debe cumplirse en el más breve plazo.
Nuestra preocupación se funda en el hecho que los terrenos a rematarse son colindantes con el polígono declarado Monumento Nacional en 2016 por el valor histórico relacionado con las violaciones de derechos humanos allí ocurridas. Además, los terrenos a ser rematados están dentro del área que es objeto de nuevas investigaciones judiciales en torno a los crímenes cometidos en la Colonia. Al ser rematados estos terrenos no existe garantía alguna de su preservación y de que no se tomen medidas que obstruyan la labor de la justicia y atenten contra la memoria histórica.
Frente a este grave problema, existe una solución que permite pagar a las víctimas y preservar la integralidad de los terrenos asociados a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colonia Dignidad. El Estado, a través del Consejo de Monumentos Nacionales (ley 17.288) puede ejercer el derecho preferente de compra y respecto de los terrenos colindantes con el polígono y también sujetos a investigación judicial, proceder a su remate por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. La tasación de los terrenos asciende a una suma aproximada de 1.566 millones de pesos, una suma perfectamente al alcance de las posibilidades económicas del Estado de Chile.
Frente al derecho a la justicia, la memoria y la reparación de las víctimas, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales. En este caso, la medida es legalmente factible y solo requiere de la voluntad de su Gobierno.
Tenemos la convicción de que solo a través de estas medidas urgentes se podrá reparar a las víctimas de abuso sexual al interior de Colonia Dignidad, preservar la memoria histórica y garantizar la acción de la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad investigados en dichos terrenos. Solo de esta forma el Estado romperá con una historia de negligencias en torno a este enclave que han permitido, fomentado y alentado graves violaciones de derechos humanos.
Esperando una pronta y decidida acción de su Gobierno,
Parral, 29 de mayo de 2019
Mesa de trabajo de la sociedad civil sobre Colonia Dignidad
Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile
Agrupación de campesinos víctimas de la dictadura en la ex Colonia Dignidad-Parral
Agrupación de Familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Talca
Asociación por los Derechos Humanos de Parral
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad