Este tratado tiene como objetivo "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible".
De acuerdo con los estatutos de la Universidad de Chile nuestra casa de estudios postula el desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país, aportando a la solución de sus problemas desde la perspectiva universitaria, y propende al bien común y a la formación de una ciudadanía inspirada en valores democráticos.
En octubre del año 2018, se creó el Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, cuya finalidad es coordinar, apoyar, difundir y hacer seguimiento de las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones comprometidas por la Universidad en materia de medio ambiente y sustentabilidad, además de la implementación de la Política de Sustentabilidad Universitaria, aprobada por el Senado Universitario el año 2012 y ratificada por la Rectoría el año 2016, y la satisfacción de las aspiraciones institucionales en dichas materias.
A su vez, como órgano triestamental, queremos destacar que los y las estudiantes de la Universidad de Chile se han sumado al llamado de los territorios y las organizaciones socioambientales. Asimismo, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (SECMA FECh), se consultó este año al estamento estudiantil, en el marco de la campaña “La Chile Dice Escazú Ahora”, respecto a la firma y ratificación del Acuerdo, cuyos resultados indican que el 98,4% sí cree que Chile debería firmar y ratificar este tratado, de un universo de 4.147 votantes; votos que se suman a más de 22.000 personas y 230 organizaciones que exigen “Escazú Ahora”.
Sumado a estas acciones, el Centro de Derecho Ambiental, órgano universitario que también posee representatividad en este Comité, ha seguido de cerca el proceso de génesis y evolución del Acuerdo de Escazú desde sus rondas de negociaciones iniciales y ha organizado distintas actividades de extensión para el análisis y la difusión del mismo en los últimos años. En 2018 y 2020, su directora fue invitada a sesiones especiales de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, y en septiembre 2018, tras el anuncio del Gobierno de Chile de postergar la firma del Acuerdo, el CDA solicitó al Gobierno que suscribiera este tratado a través de una carta abierta, firmada por 185 juristas y académicos y académicas de diversas áreas.
Como Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile nos sumamos a estas acciones, destacando que no estamos ajenos y ajenas a los avances en el Derecho Medioambiental Internacional en los que está involucrado nuestro país, y en los cuales participó activamente en su elaboración, como lo es el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y negociado por los Estados con la participación significativa de la sociedad civil y del público en general, que confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible” (CEPAL, 2018).
Este tratado tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Desde el año 2014 Chile ha sido un miembro activo, siendo uno de los 24 países que adoptó la Decisión de Santiago, a fines del primer Gobierno del Presidente Piñera. A partir de entonces, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como Secretaría Técnica, comenzaron las negociaciones con una Comisión copresidida por las delegaciones de Chile y Costa Rica. Para el 2018 se concretó el texto, definiendo la naturaleza vinculante del Acuerdo y se adoptó con el título de “Acuerdo de Escazú”, el día 4 de marzo de 2018. Fue firmado por 14 países de la región el 27 de septiembre de 2018 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, oportunidad en la que Chile anunció que posponía su firma.
Ad portas de la fecha límite para el proceso de firma del Acuerdo, el próximo 26 de septiembre -teniendo como requisito la ratificación de 11 Estados para su entrada en vigor-, 23 países han firmado el Acuerdo y 10 han ratificado, mientras que el Estado de Chile ha informado, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, que el acuerdo es inconveniente para nuestro país.
En este contexto, creemos firmemente que Chile, América Latina y El Caribe necesitan marcos jurídicos y mecanismos que:
- aseguren y promuevan el acceso a la información medioambiental, considerando la educación ambiental como un elemento indispensable para intervenir en los asuntos públicos de esta índole;
- permitan el acceso a la participación de la ciudadanía en procesos de toma de decisiones, autorización de determinadas actividades, aprobación de planes y programas y la elaboración de normas legales de carácter general o reglamentario; y
- se generen las bases de acceso a la justicia ambiental para: “proporcionar a los individuos, grupos y organizaciones una herramienta para proteger sus derechos ambientales y de acceso a la información y participación en la toma de decisiones, ya que les permite acceder a procedimientos judiciales y administrativos claros, equitativos, oportunos e independientes, que contemplen la reparación y remediación por daño ambiental en caso de afectación de esos derechos por parte del propio Estado o de particulares” (CEPAL, 2018).
Como Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile instamos a que nuestro Estado firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, como una gran oportunidad para nuestro país, considerando a Escazú desde un enfoque basado en los derechos, como un “Acuerdo Regional que contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y hace frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región” (CEPAL, 2018). Pedimos al Gobierno de Chile reconsiderar su decisión y suscribir a tan relevante Acuerdo.
Referencias
CEPAL. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso, a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales enAmérica Latina y el Caribe.
Fuente noticia: https://uchile.cl/u168949