"¿Para qué sirven las universidades estatales?"
Por el José M. Piquer, académico de la Fac. de Cs. Físicas y Matemáticas. Senador Universitario.
En el mundo, se ha desarrollado una fuerte tendencia hacia la privatización de las universidades. En gran medida, esto ha permitido masificar la educación superior, sin requerir más inversión pública en el sistema. También existen otras razones: las universidades tradicionales se veían como muy conservadoras, elitistas y aisladas de la sociedad, la que cada vez requiere más aporte de conocimiento a su economía y desarrollo.
Por ello, también las universidades estatales se han ido privatizando: han ido cobrando matrículas cada vez más altas, deben competir por fondos abiertos para financiar la investigación y deben buscar inversión privada en proyectos rentables. Chile es uno de los ejemplos más agresivos en el mundo en esta vía hacia la privatización y, junto a Corea del Sur, son los únicos casos en que la enorme mayoría de los costos de la educación superior recae en las familias, con muy poco apoyo de subsidios estatales.
En estos días el país discute una reforma a la educación superior que busca continuar por esta misma vía: hacer que las universidades tradicionales y las privadas nuevas sean iguales (o al menos más iguales que antes), y tengan acceso a los mismos subsidios. Ese escenario va borrando las diferencias entre universidades antiguas y nuevas, y entre estatales y privadas. Por ello es relevante la pregunta: ¿Para qué queremos universidades estatales?
La diferencia básica entre universidad estatal y privada es, obviamente, su dueño. El pertenecer al Estado generalmente conlleva muchos problemas bien conocidos: falta de flexibilidad, falta de movilidad, lentitud y burocracia. El ser privado, conlleva muchas ventajas en todos esos aspectos. Por ello, me ha costado largo tiempo entender para qué sirven las universidades estatales, a pesar de llevar trabajando casi 25 años en una.
La razón para querer tener universidades estatales, a pesar de todos estos problemas, es porque los países necesitan de ellas para garantizar una voz académica, total y completamente independiente, que difunda el conocimiento que en ellas se cultiva. Aunque a veces lo olvidan, los gobiernos y las empresas necesitan un lugar donde poder acudir con preguntas difíciles y tener garantías de que la respuesta será técnica y veraz, independientemente de ser políticamente correcta o no, y libre de todo conflicto de interés. Sólo una universidad estatal y autónoma puede satisfacer ese requerimiento, y aún así es difícil lograrlo en un 100%, porque siempre hay lugar para conflictos de interés donde hay seres humanos.
La única diferencia de fondo entre una universidad estatal y una privada, y lo que garantiza esa independencia y libertad académica, es que la primera tiene un financiamiento estatal de base garantizado y total autonomía en su ejecución presupuestaria. Eso le obliga a cumplir una misión pública: ayudar al país a desarrollarse, rindiendo a la comunidad el fruto de sus acciones, tanto en docencia como en investigación y extensión. Ese fondo no puede ser concursable -o estará sujeto a las prioridades del gobierno de turno- ni privado, porque estará sujeto a los intereses de quienes lo financian. Por supuesto, en estos tiempos modernos, se requiere dar cuenta de esos fondos: qué está haciendo la universidad que justifique ese financiamiento público.
Por esto es que el concepto de universidad estatal autofinanciada es un absurdo, una contradicción en sí. Y por eso es que en Chile el sistema estatal de universidades está prácticamente destruido, salvo muy honrosas (pero escasas) excepciones.
Una universidad privada, o una pública autofinanciada, puede cumplir una misión pública por algún tiempo, pero no está "obligada" a ello. Un cambio de opinión en sus dueños, o un conflicto de interés, puede cambiar esto drásticamente. La única forma de garantizar la independencia y la entrega a la comunidad es contar con un financiamiento estatal basal fuerte.
¿Qué porcentaje del financiamiento total debiera ser ese aporte? Hoy en día parece ser razonable dejar espacio para fondos concursables, aportes privados a proyectos específicos y aranceles para quienes pueden pagarlos. Eso le inyecta dinamismo y preocupación por servir a la sociedad en forma directa. Por lo tanto, no debe ser un 100%. Los franceses dicen un 80%. Nosotros creemos que es como un 50%. Un ejemplo que muestra el problema de pasar por debajo del 50% es el caso de una universidad estatal que se financia en un 70% de los aranceles de pregrado que cobra. ¿Cómo puede tomar los temas de equidad? ¿Cómo puede aplicar criterios de meritocracia o mantener aranceles bajos? ¿Cómo decide abrir una carrera importante para el país pero con pocos alumnos inicialmente?
Por ello, resulta obviamente absurdo tener una universidad estatal con un aporte basal que corresponde al 15% de su presupuesto, como ocurre en la Universidad de Chile. Obtenemos todos los problemas de ser estatales, junto con todos los problemas de ser privados, sin tener las ventajas de ninguno.
Por citar un caso que viví personalmente, el desarrollo temprano de Internet en las universidades chilenas fue liderado por las universidades estatales. Le dedicamos enormes cantidades de tiempo, esfuerzo y recursos de nuestras instituciones a un proyecto en el que nadie creía: ni el gobierno, ni el sector privado, ni nuestras propias autoridades universitarias. Nosotros sentíamos que ese proyecto era importante para el país, y por ello era lógico que le dedicáramos nuestro esfuerzo, era parte de la misión de nuestras instituciones, incluso cuando nuestros rectores no lo entendían así. Es lo que se espera de las universidades estatales. Y dudo que hoy seamos capaces de hacer algo equivalente.
Creo firmemente que el país requiere asignar un financiamiento estable y fuerte a sus universidades estatales, manteniendo una sólida autonomía presupuestaria. Si esto no es posible, es mejor terminar el proceso de privatización entregándoles la propiedad de la universidad a sus académicos, liberándolas de la administración pública y dejándolas compertir como cualquier universidad privada. Jugar a ser estatales, bajo reglas del juego privadas, no nos lleva a ninguna parte, genera tensiones en todas las estructuras y nos obliga a vivir en el peor de los dos mundos.
"Ley Reservada del Cobre"
Por Nicolás Guilliani, académico de la Fac. de Ciencias. Senador Universitario.
Señor director:
El Presidente de la República acaba de firmar el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de financiamiento para las FFAA.
En el momento en que la comunidad universitaria con razón está muy movilizada para resguardar el derecho a la educación superior pública de calidad para todos, no estará de más recordar a quienes nos gobiernan el origen y el carácter inicial de la Ley Reservada del Cobre.
Fue impulsada por el ministro de Educación Juan Gómez Millas y promulgada ley por Eduardo Frei Montalva. Tenía por esencia en ese entonces un solo objetivo: financiar el desarrollo de la educación superior pública.
La dictadura del general Pinochet se apoderó de esta ley, la derogó y finalmente la desvirtuó. Por un lado, se reorientó la totalidad de los fondos generados con el cobre hacia el financiamiento del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y, por otro lado, se subió el porcentaje de recaudación de 2,5% a 10%. En sintonía con el Consenso de Washington, esta modificación permitió abandonar las universidades estatales a su buena suerte y, por otro lado, dejó libre el espacio para que surgieran las universidades privadas y los institutos técnicos privados.
Simple coincidencia de calendario o guiño del destino, la ciudadanía se está movilizando. Fueron a marchar los primeros académicos y diferentes rectores apoyaron la marcha de la Confech de la semana pasada.
Bien inspirados serían nuestros gobernantes al devolver la Ley Reservada del Cobre a su principio fundador, hacia lo que fue a su inicio y nunca debería haber dejado de ser: una herramienta del Estado para el bien público, un medio y un fin para el desarrollo de la educación superior pública.
"Participación, financiamiento y diferencias entre Universidades"
Por Francisco Martínez, académico de la Fac. de Cs. Físicas y Matemáticas. Senador Universitario.
La editorial de El Mercurio del pasado viernes 13 se refiere a las recientes movilizaciones estudiantiles y opina que sus planteamientos son equivocados cuando se refieren a la democratización de las instituciones; esto sin expresar argumentos pero proponiendo, en cambio, un gobierno superior con predominio externo. En la realidad ambas formas no son realmente excluyentes, lo cierto es que entre las buenas universidades del mundo existen varias formas de gobierno con participación estudiantil y asesorías externas. En la Universidad de Chile la experiencia de la participación triestamental en el Senado Universitario (SU-UCh) ha sido enriquecedora para la dinámica del desarrollo de la institución y de los propios estudiantes; por cierto que está exenta de conflictos y plena de discusiones, e integra a nuestra comunidad de un modo que puede ser ejemplar para nuestro país que sufre de un reconocido subdesarrollo democrático en materia de participación ciudadana.
En otro punto la editorial reconoce la obvia necesidad de incrementar el gasto público al compararlo con la OCDE, pero descarta los aportes basales para universidades estatales y propone legalizar el lucro en la Educación Superior. Este es el paso final a la privatización total del sistema, excepto porque la posible venta de la universidades estatales es un tema que la editorial evade debilitando con ello la lógica de su propuesta. Según esto todas las universidades son iguales, excepto por su calidad. Totalmente contraria es la propuesta del SU-UCh, para el que las diferencias básicas son entre instituciones estatales y privadas por su misión, y entre docentes y complejas por sus funciones. En esta mirada el núcleo de una educación pública está en la universidades estatales, sin ellas no existe ese espacio de creación y trasmisión de conocimiento con libertad garantizada y donde los intereses particulares (individuales o institucionales) están subyugados por el bien común; bien lo saben los hijos de la Casa de Bello porque esos valores republicanos se inhalan en sus aulas.
La visión de editorial es por cierto legítima, aunque sería más clara y coherente si derechamente propusiera la privatización del sistema estatal de educación superior. ¿Qué sentido tiene seguir privatizando el sistema en todo excepto en la propiedad de algunas instituciones, las estatales, para seguir estrangulándolas hasta que sean en todo igual a una privada? Eso es justamente lo que ha hecho la actual LOCE. El SU-UCh propone una opción distinta de sociedad, donde coexisten la propiedad y los intereses privados de unas instituciones con otras de interés público, es decir de todos, para que las futuras generaciones se formen en esa diversidad, vivan esas experiencias, para que finalmente sean capaces de pensar su realidad desde esas diversas miradas.
Opuesto a lo que piensan algunos, el fin de la historia no ha llegado, más bien, como diría Copérnico, al mundo le queda mucho por girar, en especial en materia de construcción de sociedades justas; más vale que lo tengamos presente en decisiones tan fundamentales como la educación.
"Sin transar"
Por Juan Pablo Cárdenas, académico del Instituto de la Comunicación e Imagen y Senador Universitario.
La crisis educacional y el funesto proyecto de Hidroaysén han encendido la protesta social en Santiago y las grandes ciudades del país. La movilización de cientos de miles de estudiantes y chilenos comprometidos con la defensa del medio ambiente serán el detonante que hará explotar todas las frustraciones acumuladas en más de dos décadas de post pinochetismo, en que los sucesivos gobiernos han sacralizado la herencia fatídica del Dictador en cuanto a la institucionalidad vigente y un modelo económico perverso que nos ha consolidado como uno de los tres países más desiguales del mundo.
A las promesas incumplidas por partidos y políticos, se suma la convicción popular de que la corrupción ha alcanzado niveles nunca vistos, envolviendo también severamente al gobierno de Sebastián Piñera quien recibiera muchos sufragios gracias al propósito que manifestó como candidato de terminar con la malas prácticas de los gobiernos de la Concertación. El caso Kodama ha recibido un drástico informe de la Contraloría General de la República que señala la realización de un ardid ideado por funcionarios públicos oficialistas y los ejecutivos de esta empresa para defraudar al fisco en una de las cifras más voluminosas en la historia de los asaltos al erario público.
El pueblo chileno ha acumulado, ya, mucha rabia por las injusticias flagrantes, por el ingreso precario de la inmensa mayoría de los trabajadores y la perpetuación de un régimen político en que los derechos ciudadanos están severamente conculcados. En la mantención, por ejemplo, de un sistema electoral que acota la representación en un puñado de partidos y dirigentes, que restringe el voto, limita la sindicalización a poco más de la décima parte del universo laboral, favorece la concentración informativa y reprime horriblemente las demandas de los pueblos fundacionales y de quienes se manifiesten en las calles reclamando cambios o denunciando arbitrariedades. En efecto, en las últimas manifestaciones nuevamente quedaron al descubierto la criminal provocación policial, calificada incluso como "ilegal" por la magistrada que observó las arbitrarias detenciones, así como las imágenes de la brutal represión de Carabineros.
Sin embargo, en la masividad de las últimas movilizaciones sociales, el país adquiere conciencia de que la protesta y la confrontación pública son el único camino viable para representar las injusticias y alcanzar un régimen político que termine con la parodia democrática actual. Después de tantos años y gobiernos, francamente la opción del diálogo está completamente caducada por las múltiples oportunidades en que las organizaciones sociales han sido burladas luego de establecidas las mesas de negociación. A esta altura, la apelación al diálogo que hacen políticos, dignatarios eclesiásticos y otros se constituye en una invocación hipócrita y únicamente destinada a aplacar la efervescencia social. Parece evidente que las instancias de plática no han logrado suprimir la terrorífica Ley Antiterrorista, ni conquistar un sueldo mínimo digno, ni avanzar en una educación de calidad, como tampoco frenar el desarrollo de proyectos ecocidas que degradan gravemente nuestros ecosistemas en beneficio de aquel puñado de empresas extranjeras que vacían nuestros yacimientos y se apropian de nuestros bosques, manantiales y altas cumbres. Además de los despropósitos de la banca foránea instalada en todo Chile, cuyo crédito usurero obtiene aquí las mayores utilidades del orbe, ante la complacencia de las autoridades.
Como en todos los grandes momentos de nuestra historia republicana, sólo de la mano de los jóvenes, los trabajadores y de los intelectuales concertados y movilizados es posible vislumbrar los cambios. De los nuevos líderes y también de sus propias organizaciones, sin caer en la ilusión de que los envejecidos partidos y entelequias sindicales tengan realmente el vigor y la disposición sincera de promover los cambios. Ni menos después de tantos años de apoltronamiento en La Moneda y el Parlamento, de tan flagrante connivencia con la alta clase empresarial, completamente seniles en lo ideológico y horadados moralmente en el ejercicio de la política electoralista.
Ojalá que la fresca irrupción en las calles de las nuevas generaciones no ceda en su independencia y diáfanos móviles. Que no se deje, esta vez, envolver ni manipular por los oportunistas que ya quieren medrar políticamente de esta irrupción social. Que sus líderes entiendan que sólo ellos deben conducir la justa rebelión, tal como lo hizo esa generación de jóvenes patriotas que nos legó la Independencia nada más que por sus fuertes convicciones, voluntad y arrojo. Tal como siempre ha ocurrido en todo el mundo y en toda la historia universal con los que escriben las páginas insurreccionales y libertarias.
Que convenzan a todo el país que nadie podrá obtener sus propias soluciones si éstas no convergen y asumen que lo que sucede en el trabajo, en la educación, en la cultura, en la información, en los tribunales y en todos los ámbitos de nuestro quehacer tiene explicación en un orden intrínsecamente injusto y minoritario que ya no admite cambios cosméticos y se impone derribar y reemplazar. Encarar revolucionariamente la idea de un Chile Nuevo, pero sin transacciones ni falsas transiciones.