“El Senado Universitario me permitió conocer la diversidad de toda la Universidad”, plantea Fernando Molina, nuevo director jurídico de la Universidad de Chile, al evocar su experiencia profesional de abogado del Senado Universitario, labor que realizó durante seis años antes de asumir este cargo.
Fue gracias a esa experiencia que Molina se familiarizó con el funcionamiento institucional a nivel jurídico – administrativo, lo que se sumó a su paso como asesor del Consejo de Evaluación de la U. de Chile.
Abogado de la Casa de Bello y Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, destaca que su gestión estará enfocada en reorientar los esfuerzos de la Dirección para abordar las prioridades institucionales. Esto, a partir de tres ejes fundamentales: prestar asesoría jurídica al Rector y a las autoridades superiores de la Universidad; fortalecer la calidad y oportunidad de las actuaciones jurídicas de las unidades; y reforzar el equipo de trabajo de la Dirección Jurídica.
En el primer caso, la unidad abordará la contingencia nacional a través de un seguimiento de los proyectos de ley relativos a la reforma a la educación superior, entre otros vinculados al quehacer de la Institución, para apoyar jurídicamente las definiciones de la Rectoría. Otro de los puntos estratégicos corresponde a la configuración de la red de universidades estatales que el Rector Vivaldi ha planteado como presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH). “La idea es que esta Dirección genere propuestas concretas para constituir esta red”, de manera que legalmente pueda entrar en vigencia como sistema donde los intercambios académicos, la movilidad estudiantil y de funcionarios sean una realidad.
Esta asesoría se dará también a las distintas vicerrectorías de la Universidad para facilitar las prioridades de cada una de éstas.
La optimización de los procedimientos jurídicos, explica Fernando Molina, debería darse a nivel interno y externo. “Hay dificultades administrativas que están en la ley y hay otras que están en las propias dinámicas internas de la institución. En aquellos aspectos que hay problemas legales que superar, la idea es apoyar a Rectoría con iniciativas y propuestas concretas que se presenten al gobierno o en el Congreso para destrabar esas dificultades”, explicó, agregando que en lo interno “es necesario avanzar en mejorar procedimientos”.
Esto último, señaló, será a partir de la digitalización de algunos de los procesos que se cursan a nivel jurídico y de capacitaciones al personal de las unidades de las facultades e institutos que se encargan de estas materias, donde hay asimetrías considerables en cuanto a número y formación de los funcionarios. “Creo que hace falta un trabajo más colaborativo entre todos los abogados que hay trabajando en la administración de la Universidad”, planteó el nuevo director jurídico.
“Corresponde hacer un trabajo con las distintas unidades, como aquellas que no tienen equipo jurídico, para lograr ponerse a disposición de esas unidades y establecer un trabajo con las que sí tienen abogado. Además, realizar talleres trimestrales en que podamos intercambiar opiniones, experiencias, sobre problemas comunes y buscar fórmulas de solución”, agregó.
Finalmente la profesionalización de la Dirección es otro de los ejes. La capacitación vuelve a ser uno de los mecanismos para estos efectos, junto con la selección de los profesionales que ingresen a la Dirección Jurídica mediante procesos públicos y abiertos, a lo que se suma la idea de desarrollar un programa de pasantías para estudiantes de Derecho y de otras carreras para que, a partir de la realización de tesis o prácticas profesionales, los estudiantes contribuyan a mejorar los procesos de gestión de la Dirección Jurídica