Desde el año 1990, Chile ha avanzado en materia de derechos humanos, sin embargo, poco se ha reflejado este avance en la institucionalidad estatal.
No hay duda alguna que en esta materia ha sido un avance la ratificación de los principales instrumentos de derechos humanos. Haberle dado competencia a la Corte Interamericana y estar participando activamente en los órganos internacionales ha sido una política correcta. Sin embargo, aún tenemos importantes pendientes, como la ratificación de algunos protocolos que buscan dar efectividad a los instrumentos principales.
Pero luego de veinticinco años de democracia debemos ser más exigentes y es necesario poner el acento en estas deudas.
La estructura del poder ejecutivo no contaba hasta ahora con una institucionalidad que le permita coordinar medidas sobre derechos humanos; la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos es una manera de mejorar la estructura en este campo.
Las labores centrales que tendrá la Subsecretaría están relacionadas, precisamente, con los aspectos menos desarrollados al interior del aparato gubernamental: coordinación de esfuerzos en materia de derechos humanos. Por ello, contar con una Subsecretaría que lidere un Comité Interministerial que estará encargado de elaborar un plan nacional de derechos humanos, es un aspecto clave para desarrollar una política de derechos humanos de largo aliento desde el ejecutivo.
Otro aspecto interesante, será la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento de las obligaciones de Chile en materia de derechos humanos. Es importante que se haya incorporado en este aspecto explícitamente a la sociedad civil y sus demandasen la materia. Ahora será un Ministerio a través de una subsecretaría, la encargada de dicha coordinación, que en ningún caso significa que sea la única instancia gubernamental encargada de la plena vigencia de los derechos humanos, ya que ésta es una obligación de todo el aparato estatal. Pero tener un Ministerio responsable de coordinar estos esfuerzos es un evidente avance respecto de la actual situación donde “todos son responsables y, por tanto, nadie es responsable”. Esto es particularmente relevante para un cumplimiento eficaz de las resoluciones internacionales respecto de Chile, materia en la que nuestro país tiene un déficit de cumplimiento importante.
Otro aspecto a destacar es la misión que desarrollará la Subsecretaría en materia de capacitación en derechos humanos. Este es un tema en el que aún nuestro aparato gubernamental demuestra un déficit importante. Será fundamental el liderazgo que tome esta nueva instancia gubernamental para desarrollar un plan nacional de capacitación en la materia. No hay forma de avanzar en derechos humanos en el aparato estatal sin contar con funcionarios que sepan de qué tratan estos derechos y cuáles son sus obligaciones. Más de un cuarto de siglo desde el retorno a la democracia y este sigue siendo un tema pendiente.
Finalmente, un aspecto que merece algunas dudas es el rol que cumplirá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente la Subsecretaría, en materia de juicios por violaciones masivas y sistemáticas y preservación de la memoria. Sin duda esta es una materia vital para nuestra sanidad democrática y hasta ahora estaba centrada en el Ministerio del Interior. Al pasarla a la Subsecretaría habrá que estar atentos para que dicho traspaso de funciones en ningún caso signifique un menor compromiso del ejecutivo con la persecución de los crímenes ocurridos en la dictadura. Asimismo, habrá que estar atentos a los esfuerzos en memoria y derechos humanos, para que estos no se transformen en un tema de política partidaria y sigan siendo un tema de Estado.
Como Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile estaremos atentos al trabajo de la Subsecretaría y, como siempre, apoyaremos sus esfuerzos por avanzar en la construcción de una cultura de los derechos humanos en nuestro país y seremos críticos con aquello que no sea un aporte en este objetivo.