"Celebro este enorme afán constructivo asumido por todas las unidades involucradas para responder a estas vulneraciones tan complejas, porque se traza un camino que promete obtener resultados en beneficio de toda la comunidad universitaria", expresó el Rector Ennio Vivaldi al inicio de la discusión en el Consejo Universitario donde se trató la temática este 3 de enero.
El Rector relevó además, en el marco de la ceremonia de conmemoración de los 10 años del Consejo de Evaluación, que "somos la única universidad que ha abordado el problema", dado que "en vez de jugar al avestruz esta institución es capaz de enfrentar los problemas y de redactar protocolos". La Universidad de Chile, planteó la máxima autoridad de la Casa de Bello, "es la única universidad que lo hace y eso creo que es tremendamente importante porque precisamente no se puede hacer una política de cambios si uno no parte por conocer la realidad en la que está inmersa".
A sus palabras se sumó la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, afirmando que "esta Universidad hoy muestra señales concretas de que es capaz de sacar la basura debajo de la alfombra; no hemos silenciado algo tan sentido por la comunidad universitaria".
Ambas declaraciones hacen referencia a la presentación ante el Consejo Universitario del Anteproyecto de Política para Prevenir el Acoso Sexual en la Universidad de Chile, el cual fue comunicado por la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la VEXCOM; y también en relación al Protocolo de actuación ante denuncias sobre situaciones de acoso, expuesto por la Dirección Jurídica.
Análisis del anteproyecto de política institucional para enfrentar situaciones de acoso
"Se requiere de una intervención pertinente a la realidad universitaria que dé respuesta y evite la continuidad de la violencia y el acoso sexual existente", planteó Carmen Andrade, directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, en la presentación del anteproyecto de política institucional, el cual tiene como objetivo principal eliminar la violencia de género y el acoso sexual en la Universidad de Chile, "desarrollando un programa que permita prevenir estas conductas, proteger y asistir a las víctimas y desarrollar procesos de sensibilización y formación a toda la comunidad universitaria".
Dentro de las líneas de acción que contempla este plan se encuentra la derivación a instancias de atención psicológica y/o judicial; la prevención; la instalación de un equipo especializado para la atención y acompañamiento de las víctimas; la capacitación a funcionarios y académicos en temas de violencia de género y procedimientos de investigación administrativa; además del desarrollo de un marco normativo y reglamentario pertinente para abordar el acoso y la violencia de género, donde se incluye el protocolo de actuación ante denuncias que fue aprobado por los Consejeros en la misma sesión.
Dentro de otras iniciativas que la unidad y diversas facultades han impulsado, y que apuntan a los mismos objetivos, está la publicación de un manual de orientación para enfrentar el acoso sexual, documentos de trabajo, conversatorios, estudios e investigaciones, cursos de formación y capacitación, además de la labor permanente de una Mesa de Trabajo, coordinada por la VAEC y constituida además por la Dirección Jurídica, la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género y la FECh, espacio desde donde surgen ambas propuestas en discusión: la política y el protocolo.
El presidente de la FECh, Daniel Andrade, valoró positivamente la presentación de la política como resultado de un trabajo hecho también con los estudiantes. "Este es un avance tremendo para la universidad pública, para la academia, para la comunidad, y también para las mujeres que diariamente viven violencia dentro de nuestra Universidad. Esto no es algo que ocurra hace cinco años, es histórico, y que hoy se enfrente es también por la manifestación y por el trabajo de muchas estudiantes de nuestra Universidad, tanto en la Secretaría de Sexualidades y Género (Sesegen) de la Federación como en las facultades e institutos", afirmó.
Además de celebrar la posibilidad de discutir esta problemática en la sesión, Carmen Andrade comentó los resultados de un estudio desarrollado por la unidad, que busca dimensionar el problema, entender cómo se produce y cuáles son las dinámicas que facilitan el acoso al interior de la Institución. "Un 26 por ciento de las personas declaran conocer historias sobre acoso y agresiones sexuales en espacios universitarios, fiestas de estudiantes y también en el aula. Un 14,7 por ciento declara haber sufrido directamente en su trayectoria universitaria", explicó Andrade, junto con precisar que una característica del acoso es que no es aceptado por quien lo recibe (relaciones amorosas consentidas no constituyen acoso), sin embargo en relaciones jerárquicas entre profesores y estudiantes el consentimiento no puede inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima. Otro elemento a considerar, planteado por Andrade, es la afectación de las oportunidades de educación de la persona, porque se condiciona una decisión a una conducta sexual o porque se genera un ambiente hostil o amenazador. "Lamentablemente conocemos experiencias de estudiantes que, a partir de situaciones de acoso, empiezan por abandonar el ramo, dejar el semestre e incluso dejan la carrera", dijo.
Por parte de los Consejeros, se valoró positivamente la propuesta de política y se recogieron comentarios y sugerencias tendientes a enriquecer la propuesta que finalmente será presentada por el Rector a las instancias correspondientes.
Protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria
La Dirección Jurídica de la Universidad, en tanto, presentó el Protocolo de actuación a los Consejeros, instrumento que es parte del proyecto de política de prevención del acoso, y que responde a la necesidad de poner en conocimiento de la comunidad universitaria los pasos a seguir y las responsabilidades involucradas ante eventuales denuncias sobre acoso sexual, incluyendo también el acoso laboral y la discriminación arbitraria, prácticas que se encuentran prohibidas en la normativa legal y reglamentaria vigente.
Esta propuesta fue explicada en detalle por el director Jurídico, Fernando Molina. En relación a su contenido, señaló que se consideran las sanciones y procedimientos del Estatuto Administrativo, el Reglamento de Estudiantes y el Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria de los Estudiantes, mencionando también a las autoridades que poseen potestad disciplinaria, y refiriéndose a la situación de personas que prestan servicios en calidad de honorarios, subcontratados o similares.
De acuerdo a este protocolo de actuación, una denuncia puede ser hecha por la persona afectada o por un tercero, mediante un escrito o verbalmente (tomando acta). Ésta debe contemplar la identificación del afectado, del denunciado y de la unidad en que se desempeña, junto con incluir un relato de los hechos como fundamento. Opcionalmente se puede indicar la existencia de pruebas, la identificación del denunciante y su firma.
También se refiere a las instancias donde se puede efectuar la denuncia, las cuales siempre deberán ser remitidas a la autoridad con potestad disciplinaria (decanos, directores, vicerrectores, etc). En casos de acoso laboral se puede presentar ante la Dirección de Recursos Humanos, y en casos de acoso sexual y discriminación arbitraria, ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, la Dirección de Bienestar Estudiantil o la Dirección de Recursos Humanos.
Adicionalmente, explicó Molina, el protocolo precisa que los funcionarios que manejen información de las denuncias y procedimientos disciplinarios deben guardar confidencialidad de la misma. Que se debe respetar a los denunciantes, denunciados, afectados y testigos, procurando una atención que respete su privacidad y dignidad. De igual forma, las direcciones pertinentes deben gestionar la asistencia y acompañamiento de la persona afectada. También especifica que ante denuncias maliciosamente falsas, estas podrían resultar procedentes para iniciar acciones administrativas y/o judiciales.
Una vez presentado, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad el contenido del protocolo, celebrando una medida necesaria para conocer cuáles son los procedimientos y canales adecuados para dar curso a denuncias de este tipo. En la discusión, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, profesor Juan Cortés, expresó sus felicitaciones al grupo de trabajo del cual resultó este instrumento, al igual que el anteproyecto de política institucional, haciendo un llamado a "seguir discutiendo y trabajando sobre el modelo educativo y de convivencia de la Universidad, con tal de prevenir, enfrentar y eliminar este tipo de conductas abusivas", concluyó.