Luego de 2 meses en los cuales cientos de oradores a favor y en contra del aborto presentaron sus argumentos en el parlamento argentino, la cámara de diputados aprueba la legislación que permite la interrupción del embarazo sin causales hasta la semana 14 de gestación. Este primer triunfo de los pañuelos verdes es coherente con la situación internacional, en la cual la mayoría de los países llamados desarrollados han ido avanzando en la despenalización del aborto sin causales.
Si bien en Latinoamérica el aborto libre solo está permitido en Cuba desde hace más de medio siglo, en Ciudad de México desde el 2007 y en Uruguay desde el 2012, una gran proporción de países de Europa y América del Norte han despenalizado el aborto hasta cierto número de semanas. Ejemplo de estos países son Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Dinamarca, etc.
Sin embargo, el aborto inseguro sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial, que afecta en mayor medida a los países en vías de desarrollo. La OMS estima que cada año se realizan más 22 millones de abortos en forma insegura, lo que provoca 27.000 muertes o alguna forma de discapacidad en 5 millones de mujeres anualmente.
El equipo editorial de The Lancet estimó que los abortos inseguros son la causa de un 8 a un 11 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial. Como es esperable, un estudio publicado en la misma revista por Ganatra B. et al (2017) muestra que los países que tienen legislaciones restrictivas con respecto al aborto tienen una proporción de abortos inseguros significativamente mayor. Es decir, la restricción lleva a que mujeres, especialmente las de bajos recursos, queden desprotegidas y expongan su vida para acceder a esta prestación.
La situación en el país vecino es una oportunidad para reflexionar y actuar sobre los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Chile está en una situación de retraso con respecto a los países desarrollados en este tema, ya que recién en el año pasado se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Este retraso nos debería alertar sobre la urgencia que tiene, como un mínimo desde una perspectiva de salud pública, el poder implementar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales de manera adecuada.
Lamentablemente, desde su entrada en vigencia han surgido barreras que impiden la implementación de la ley, como por ejemplo que a la fecha no exista reglamentación ni protocolo para la objeción de conciencia. Más aún, datos preliminares de la Superintendencia de Salud muestran que existen numerosos prestadores que a la fecha no tienen al día los protocolos ni instalado el programa de acompañamiento. Estas barreras a la implementación no son aceptables y debemos avanzar urgentemente a su superación.
Finalmente, este contexto nos llama a ampliar la mirada en derechos sexuales y reproductivos. Una real preocupación por la salud de las mujeres y la niñez (no olvidemos que una gran proporción de las madres que mueren por un aborto inseguro son madres), implica generar una política integral que empodere a las mujeres y les proporcione las condiciones para desarrollar su vida de manera satisfactoria. En este sentido, Chile tiene pendiente una política de educación sexual efectiva, un ostensible incremento en el acceso a anticonceptivos y contar con una legislación que asegure que ninguna mujer exponga su vida por un aborto inseguro. En este sentido, la discusión sobre aborto sin causales es ineludible, y es esperable que se instale en nuestro país prontamente.
