El proyecto de Superintendencia de Educación Superior es uno de los emblemáticos que está impulsando la autoridad dentro de su agenda legislativa educacional.
Es un proyecto que no resulta factible apoyar y menos aprobar, porque lejos de desterrar el lucro en la educación universitaria, pretende legalizarlo por la vía de regular las relaciones entre empresas relacionadas y las universidades; no establece de manera detallada las facultades de que gozará la nueva institucionalidad para realizar procesos de investigación en casos de denuncias; y no contempla la figura de un administrador provisorio.
Este proyecto responde a la lógica de los cambios gatopardistas en que las grandes ganadoras han sido las universidades privadas nuevas, sobre todo aquellas que se compran y se venden en el mercado y para quienes estos cambios les han asegurado la sustentabilidad del negocio, con recursos fiscales.
En 1981 se permitió que el sector privado entrara en el sistema universitario con el argumento que los privados iban a invertir para hacer más eficiente, competitivo y de mejor calidad el sistema universitario, y por eso Pinochet dispuso que las universidades no tuvieran fines de lucro. Al parecer, los privados no invirtieron su patrimonio en las universidades que crearon, sino que han administrado, con grandes ganancias, los aranceles de los estudiantes (la mayoría de sectores vulnerables). Olvidándose de las reglas con que ingresaron, y argumentando la no discriminación en el financiamiento estatal a las instituciones, han logrado que el Estado les transfiera, directa e indirectamente, dineros fiscales, sin que el uso y manejo de tales dineros fiscales sea controlado por la Contraloría General de la República, sin estar sujetas a la Ley de Transparencia y sin tener que hacer sus transacciones comerciales por el portal mercado público.
Así como la Superintendencia de Educación Superior es uno de los proyectos emblemáticos, otros han sido deliberadamente omitidos y postergados. Uno de ellos es el que debería regular el lobby, con agencias de lobby que llevan años dedicadas al tráfico de información, influencia y dineros, como ha quedado demostrado con las últimas investigaciones judiciales.
Otro proyecto omitido es el que hemos propuesto desde el 2006 para un Nuevo Trato, que permita fortalecer las universidades estatales (abandonadas por años por el Estado), asegurar su calidad y equidad, permitir que se constituyan en un pilar del desarrollo nacional y regional, y terminar con el autofinanciamiento al que se las tiene obligadas, y que terminará por desnaturalizar su misión.
Como lo hacen Brasil y los países europeos (que como estrategia país potencian con orgullo sus universidades estatales para poner en valor el talento y el conocimiento), el Estado debe crear un aporte basal permanente, equivalente al menos al 50% del presupuesto actual de cada universidad, con la definición explícita de deberes y derechos. Es la única manera de preservar a las universidades estatales como espacios públicos laicos, pluralistas en la creación y transmisión de conocimiento de excelencia, independientes de grupos de interés específico y donde existan en plenitud la diversidad, la libertad de pensamiento y la complejidad del conocimiento.
Víctor Pérez
Rector de la Universidad de Chile