La recién estrenada gratuidad en la educación terciaria supone un cambio en la concepción sobre el rol del Estado en la provisión de la Educación Superior.
Hasta 2015 el financiamiento al estudiante a través de becas de matrícula y arancel respondía al modelo subsidiario, concibiéndose como un beneficio focalizado, dirigido a individuos que cumplían determinados requisitos que los diferencian del conjunto de potenciales destinatarios.
Quién se adjudicaba una beca es "portador" del beneficio, y las instituciones deben competir entre sí para atraerlo. Corresponde además a lo que en política pública se conoce como “transferencia condicionada”: los requisitos al titular son condición de asignación y de renovación anual, por lo que el beneficio puede ser revocado. Desde el punto de vista del sujeto, es también renunciable.
Entendemos que la entrada en vigencia de la gratuidad responde a la concepción de la educación como derecho social, respecto del cual el Estado asume un rol garante, es decir, debe proveerlo directamente –a través de sus instituciones– y/o asegurar su provisión.
En cuanto derecho, se plantea como universal, aunque para alcanzar ese estadio se establece como progresivo: se otorga a todos quienes reúnen ciertas características que los hacen equivalentes en términos de requisitos. No puede ser revocado –aunque tiene una duración predeterminada después de la cual se extingue- ni queda condicionado a rendimiento u otras condiciones individuales. Desde el punto de vista del sujeto, es irrenunciable.
Gratuidad y equidad en la Universidad
En este nuevo modelo que comienza a instalarse, la Universidad de Chile asume el compromiso de abrir sus puertas a un grupo más amplio y cada vez más heterogéneo de estudiantes, muchos de los cuales en el escenario anterior no habrían podido acceder a la institución.
Su ingreso se verá favorecido por la experiencia adquirida en la Universidad, que en los últimos años ha expandido gradualmente y diversificado intencionadamente su matrícula, lo que se ve reflejado en la Política de Equidad e Inclusión Estudiantil (2014) y la creación y ampliación de cupos para ingreso especial de equidad. De hecho, en 2015 la matrícula por estas vías aumentó un 17% [1]. En 2016, este aumento es de 7% alcanzando el 15% del total de matriculados. La mayor parte corresponde a estudiantes del Sistema de Ingreso Prioritario Equidad Educativa SIPEE (5%) y Beca de Excelencia Académica - BEA (4%), con menor participación de las vías de Equidad de Género, Convenio Étnico, Estudiantes en situación de discapacidad visual y Escuela de Desarrollo de Talentos.
Matriculados con gratuidad
Sumados a los estudiantes que ingresan por las vías de equidad, la admisión regular de la Universidad incluye a estudiantes de perfiles asimilables, una parte de los cuales corresponden a preseleccionados SIPEE que ingresan vía PSU. Otros –la mayoría–, son quienes hoy están ingresando por vía regular con gratuidad o pendientes para ésta [2].
Si bien la nómina final de quienes confirmarán su derecho a la gratuidad entre los actuales pendientes será ratificada por MINEDUC en marzo, de los 1.845 alumnos matriculados en esta condición, proyectamos que, en el mejor escenario, 1.301 mantendrían el derecho. En un primer análisis, estos reúnen condiciones según tipo de procedencia educacional (pública o subvencionada, IVE superior a 30%) y no fueron seleccionados para el Crédito con Aval Estado. Sumados ambos grupos, la cifra alcanza 2904 estudiantes.
Tabla 1: Matriculados con Gratuidad y Pendientes de Gratuidad (ajustados), por Facultades
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Según esta estimación, si en 2015 los estudiantes entre los deciles I y V conformaban el 36% del total de matriculados de primer año, en la actual proyección para el 2016 la cifra aumenta a 46,2%.
Tabla 2: Matriculados con beneficios según tipo de beneficio, por sexo
| BECA N° ALUMNOS MASCULINO FEMENINO DECIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La distribución de quienes son hoy estudiantes con gratuidad o pendientes para gratuidad matriculados en la Universidad de Chile no es homogénea por facultades, teniendo una mayor participación en el Instituto de Asuntos Públicos, con un 60% de alumnos matriculados con gratuidad, y siendo menor su representación en la Facultad de Economía y Negocios.
Tabla 3: Matriculados con gratuidad y pendientes de gratuidad (ajustados), por Facultades
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Mirados en conjunto, quienes comparten este derecho se inscriben en los cinco primeros deciles de ingreso y muchos proceden de establecimientos de dependencia municipal o particular subvencionada con alto IVE [3].
Tabla 4: Matriculados con Gratuidad y Pendientes de Gratuidad (ajustados) por IVE
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Entre quienes se matricularon con gratuidad o pendientes para gratuidad, la participación de las regiones es de 25,3%. En 2015, la participación de los estudiantes de regiones de los cinco primeros deciles fue de solo 20,4%.
Tabla 5: Matriculados con Gratuidad y Pendientes de Gratuidad (ajustados) por Regiones
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Consideraciones para el bienestar estudiantil
La experiencia a partir de la implementación de la Política de Equidad hace evidente que promover una mayor inclusión implica asegurar a los estudiantes de contextos socioeducativos más vulnerables condiciones institucionales favorables para su progresión académica y la participación efectiva en la vida universitaria.
El desafío abierto por quienes hoy acceden con gratuidad se amplía dadas las limitadas condiciones para el financiamiento de las instituciones adscritas con las que hoy se hace efectivo este derecho.
Las expectativas generadas por la gratuidad alentaron la matrícula en la Universidad de Chile de estudiantes de menores ingresos familiares, menores IVE y con mayor participación de regiones.
Respecto de este grupo, se hace relevante considerar las restricciones que se fijan al derecho, en particular respecto de su duración. Si bien desde MINEDUC se ha reiterado la solicitud al CRUCH de revisar la duración formal de las carreras universitarias de Pregrado para acercarlas a la media OECD, de 8,6 semestres (OECD, 2011) y acortar la diferencia entre la duración formal y la duración real promedio, que alcanza los 13,7 semestres[4], no parece que acotar de forma homogénea el financiamiento de los estudiantes de menores ingresos sea una medida acorde al pilar de inclusión establecido en la Reforma a la Educación Superior. Esto porque es sabido que el promedio oculta las diferencias entre estudiantes de distintas procedencias (según tipo de establecimiento, IVE, decil de ingreso familiar).
La evidencia nacional e internacional muestra que la titulación oportuna es menor conforme se reducen los ingresos del hogar de los estudiantes y aumenta la vulnerabilidad escolar del establecimiento de procedencia. El tipo de establecimiento de procedencia es también un factor gravitante en la necesidad de los estudiantes de menores recursos de compatibilizar estudios y alguna actividad remunerada[5]. Las dificultades para el avance académico de estos estudiantes, particularmente durante el primer año, inciden directamente en la duración de sus carreras, tanto con en sus mayores tasas de deserción en los primeros dos años[6], lo que en la perspectiva de un financiamiento restrictivo respecto de los plazos incorporaría un factor adicional de presión sobre estos perfiles.
Si consideramos los antecedentes aportados por el Informe “Duración de las carreras de pregrado en el CRUCH" [7], el costo promedio de los aranceles universitarios como proporción del ingreso del hogar supera el 180% en el primer decil, alcanza el 72% en el segundo, supera el 50% en los deciles tres y cuatro y llega al 38,4% en el quinto. Esto da cuenta de la imposibilidad para quienes se encuentran en los grupos más vulnerables de cubrir con cargo al presupuesto familiar o créditos la brecha entre la duración formal y la duración real de la carrera en la que hoy se están matriculando.
Adicionalmente, al favorecer la entrada de estudiantes de los primeros deciles de ingreso adquieren especial relevancia los sistemas de beneficios internos que apoyan económicamente a los estudiantes y proveen soporte al proceso de enseñanza aprendizaje para reducir las desigualdades que condicionan las trayectorias universitarias y repercuten también en el egreso.
La efectiva inclusión a la vida universitaria de quienes proceden de contextos desfavorecidos, exige la gestión oportuna de ayudas en base a instrumentos de caracterización adecuados, articulados a sistemas masivos de acompañamiento extracurriculares que apoyen y provean las condiciones necesarias para la actividad académica, evitando que las diferencias al ingreso se traduzcan en desigualdad una vez dentro de la educación superior.
La ampliación de la base de estudiantes potencialmente destinataria de estos mecanismos de soporte aumenta la presión sobre los sistemas de beneficios internos de las instituciones. Costos básicos de mantención, traslado, fotocopias -a los que se suma la residencia entre los estudiantes que viene de regiones o enfrentan situaciones de hacinamiento u otros problemas familiares- son sin duda temas críticos que serán centrales en la retención y el avance académico de los nuevos matriculados.
Valorizar el costo financiero de invertir en equidad
Una mayor y mejor inclusión en el sistema de educación superior de estudiantes procedentes de contextos hoy subrepresentados en las universidades selectivas requiere por cierto cautelar la calidad de la educación a la que estos acceden. Pero esto sólo es posible si simultáneamente se aseguran condiciones institucionales que promuevan mayor equidad para su efectiva participación en la vida universitaria y en la formación académica al interior de las instituciones receptoras.
Consiente del desafío, la Universidad de Chile ha avanzado en el desarrollo de su Política de Equidad e Inclusión y compromete su aporte a la generación de evidencia respecto de las estrategias más efectivas, pero también de los mayores costos que implica dar respuesta a las necesidades socioeducativas de los nuevos estudiantes que convoca, tanto desde el punto de vista de las transferencias directas como aquellas indirectas que apoyan la retención y el logro educativo de la diversidad de perfiles que hoy ingresan a la institución.
La no consideración explícita de estas acciones en partidas de financiamiento expresamente orientadas a ellas debe ser subsanada para dar mayor consistencia a la relación entre los principios orientadores declarados en la Reforma a la Educación Superior y los mecanismos concretos a través de los cuales esta se implementa.
De otra forma, la buena noticia que hoy implica la formalización del derecho a la educación superior a través de los primeros estudiantes matriculados con esta asignación, puede ser prontamente empañada por la temprana deserción de quienes no logren enfrentar por si mismos los costos de oportunidad asociados a su ingreso a una carrera universitaria, los que en muchos casos no han podido aún dimensionar.
Referencias
[1] Universidad de Chile. 2015. Admisión y Caracterización de Estudiantes Nuevos 2015. Departamento de Pregrado; FACSO y IBJGM.
[2] La categoría “gratuidad pendiente” reúne a quienes: 1) presentan inconsistencia entre la información del registro social de hogares y la declarada en su postulación de becas y créditos (generalmente por discrepancias en integrantes del grupo familiar declarados); 2) estudiantes que nunca han tenido registro social de hogares, cuyos datos no pudieron ser verificados en las distintas bases estatales y deben acreditarse durante el proceso de matrícula.
[3] Corrigiendo por IVE menor a 30, para alumnos procedentes de establecimientos particulares pagados de la Región Metropolitana e IVE menor a 30 para alumnos que fueron pre-seleccionados CAE.
[4] Comisión de Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior (2012). Análisis y Recomendaciones.
para el Sistema de Financiamiento Estudiantil. Santiago, 2012. pág. 15.
[5] Scheele, J. (2015). Logros y desafíos pendientes para la inclusión y retención en la educación superior. Informes para la Política Educativa N°7.Centro de Políticas Comparadas de Educación, Universidad Diego Portales
[6] Rolando, R., Salamanca, J. y Lara, A. (2012). Retención de primer año en educación superior: Carreras de pregrado. Santiago de Chile: MINEDUC.
[7] Preparado a solicitud del CRUCH por Roxana Pey, Francisco Durán y Pablo Jorquera en mayo de 2012, disponible en http://www.consejoderectores.cl/web/pdf/Acta_534/Anexos/Informe_Final_29-05-2012.pdf.