El miércoles pasado, la directiva del Consorcio de Universidades Estatales se reunió con el ministro de Educación para mostrar su parecer respecto de la reforma educacional anunciada por el Gobierno, postura que plasmaron en un documento entregado a la autoridad.
En este documento, el consorcio solicita además reformar el rol de las universidades estatales con el propio Estado, plateando la necesidad de generar un nuevo trato con el Ejecutivo.
El quiebre al interior del Consejo de Rectores nace a partir del la petición del Consorcio de Universidades Estatales, de que la gratuidad para la educación superior anunciada por el Gobierno, comience en los planteles dependientes del Estado.
Fue así como las universidades tradicionales privadas, también llamadas públicas o de sentido público, se distanciaron de las estatales y formaron el “G9″, agrupando a la Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Chile, Católica de Valparaíso, Técnica Federico Santa María, Austral de Chile, Católica del Norte, Católica de Temuco, Católica del Maule y Católica de la Santísima Concepción.
Desde el G9 acusaron la existencia de un doble discurso por parte de las universidades estatales y un quiebre de las confianzas al interior del consejo, tal como señaló el presidente de la agrupación, Ignacio Sánchez.
Las declaraciones de Sánchez fueron realizadas en medio de un receso del Consejo de Rectores, efectuado este jueves en la sede principal de la PUC en Santiago.
En tanto, el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Aldo Valle, respondió que los quiebres de confianza obedecen a visiones subjetivas de las personas.
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, señaló que era necesario terminar con el debate inoficioso entre casas de estudios públicas y privadas, enfocándose en trabajar de manera conjunta en el nuevo trato con el gobierno de Michelle Bachelet.
Pérez solicitó al ministro Eyzaguirre que haga cumplir la ley respecto del lucro en la educación, y que se envíe una indicación urgente para que los más de mil millones de dólares que reciben las universidades privadas, cuenten con las fiscalización de la Contraloría a través de la ley de transparencia y de la ley de mercado público.
Ministro admite trato preferencial a estatales
El ministro de Educación confirmó ante el pleno del Consejo de Rectores que los planteles estatales tendrán un trato preferencial, aclarando la distinción que para el Ejecutivo existe entre instituciones privadas con vocación pública y las casas de estudio en las que el Estado de Chile es mandante.
Según reconoció el ministro, los rectores del Cruch manifestaron con “mucha franqueza” y en forma “despiadada” su posición, ante lo cual debió clarificar el tema del financiamiento a la Educación Superior. “El tema que posiblemente causa mayor necesidad de precisión e interpretación es cómo el gobierno distingue entre lo que son las universidades privadas con vocación pública versus lo que son las universidades estatales”, expuso Eyzaguirre.
“Hemos vuelto a clarificar que el gobierno en materia de ejercer el derecho a la gratuidad que irá hasta el 70% de los estudiantes más pobres no distingue en lo absoluto, por tanto la gratuidad, para aquellos estudiantes que logren la gratuidad, será pareja de ser ejercida este derecho social, ya sea como universidad estatal como privada”, agregó.
Asimismo, reafirmó que “los bienes públicos, la cultura, el conocimiento, no son el monopolio de las universidades estatales. Las universidades privadas con vocación publica han hecho a través de la historia de Chile un tremendo aporte y, por tanto, todas serán favorecidas a objeto que la investigación, el desarrollo y la ciencia se vayan desarrollando”.